Opinion | 19 Ago Agosto se presenta a los uruguayos con costos incrementados en las tarifas de UTE (un 9 por ciento) y de combustibles (un 7,3 por ciento) por lo que quien más quien menos estará ante la necesidad de hacer frente a erogaciones adicionales, cuando además el invierno de por sí ya representa la necesidad de un mayor consumo de energéticos tradicionales.
Por lo tanto se verán afectadas tanto las economías hogareñas como las de las empresas, salvo en aquellos casos en que pueda haber margen para obtener mayores ingresos o reducir los consumos.
Por supuesto, estamos ante situaciones que por regla general no dejan salida buena al cliente, desde que no escapa a nadie que por ejemplo las tarifas de UTE conllevan a fin de mes un desafío ineludible para cada familia y empresa, cuando además en cada hogar se hacen malabares para limitar al máximo el uso de electrodomésticos y artefactos de mayor consumo.
Y por más que el ente a través de sus facturas ilustre sobre los elementos que requieren mayor uso de electricidad y algunas medidas sencillas para reducir el consumo, es evidente que estamos ante demandas muy rígidas en cada hogar, y que una reducción por ejemplo en el uso de estufas eléctricas, calefones y cocinas solo puede hacerse muchas veces a costo de la calidad de vida o pasándose a otro energético, lo que significa en realidad desvestir a un santo para vestir a otro, porque los mayores costos siempre aparecen por algún lado.
En cambio, lo que UTE sí podría hacer de positivo para contribuir a mitigar el impacto en los hogares, refiere al cobro del recargo que se aplica automáticamente al consumidor que se atrasa aunque sea un día en el pago de la factura, que es del 10 por ciento sobre el total de la deuda pendiente.
Este porcentaje por solo unas pocas horas de atraso significa sin embargo superar la inflación de todo un año, y por supuesto los reajustes salariales de cada período, por lo que el cliente sufre duramente en su economía el impacto de la voracidad de recaudación del organismo.
Este debería adecuar este recargo a la realidad de hoy, llevándolo a no más de la mitad del actual, por decir lo menos, o mejor aún, que el Estado rebaje el IVA que aplica sobre este consumo, por lo menos para transmitir que en algo se contempla la situación de los que mes a mes sostienen el monopolio del organismo estatal.