Opinion | 24 Ago Aunque con visiones disímiles en lo que respecta al escenario actual, tres economistas han coincidido en los grandes desafíos que deberá enfrentar Uruguay a mediano plazo, de acuerdo al perfil actual y el sesgo que tendrá la demanda, sobre todo energética.
De acuerdo a lo expresado por los economistas Alejandro Atchugarry, ex titular de Economía y Finanzas, Jorge Caumont y Gabriel Oddone, la crisis financiera internacional, si bien ha repercutido negativamente en la economía uruguaya en el primer semestre a partir de un enlentecimiento desde fines del año pasado, no ha impactado hasta ahora tan negativamente como se temía, cuando además todo parece indicar que se ha llegado al piso y que a partir de ahora se estaría en un principio de reversión.
Es decir que nos encontramos en un punto en el que hay discrepancias y ópticas diferentes entre los técnicos en cuanto al análisis de los datos macroeconómicos y su consecuente evolución, aunque a la vez existen escenarios en la microeconomía que difieren sustancialmente entre capital e Interior, por establecer límites geográficos concretos.
Es notorio que mientras en Montevideo es muy relativo el impacto negativo, desde que se mantienen niveles de consumos significativos, como es el caso de las grandes superficies, en el Interior y concretamente en Paysandú, los parámetros difieren sustancialmente y hay un marcado deterioro en el poder adquisitivo de la población, al punto que el movimiento comercial solo se da efímeramente en días de cobro y fechas puntuales, con un agudo descenso en el resto del mes.
Esta dicotomía puede explicarse en la incidencia dísimil en el nivel de empleo por efectos de la crisis en sectores de exportación, como la madera, los textiles y las curtiembres, desde que en Paysandú la repercusión es mayor que en otros lugares, incluyendo la capital, pero en el caso de la macroeconomía el contexto global del país refleja un escenario menos comprometido.
Pero un aspecto en el que sí coinciden todos los economistas es en el nivel que tendrá el déficit fiscal, que llegaría desde un 2,8 a un poco más del 3 por ciento del Producto Bruto Interno a fines del presente año, lo que no es poco decir, desde que además está muy por encima de las estimaciones que formulara el Poder Ejecutivo, en extremo optimista y más bien soslayando una realidad que percibía hasta el más despistado.
Y con este grado de déficit el margen de maniobra es muy acotado, porque lisa y llanamente el Estado está gastando bastante más de lo que ingresa, y como en cualquier hogar se genera una brecha que debe afrontarse con endeudamiento hasta que la cosa no dé para más o buscar alternativas que permitan hacer coincidir ingresos y egresos.
Para Caumont será necesario hacer un ajuste fiscal, gane quien gane, “porque va a haber que aumentar salarios y jubilaciones y no se va a poder sostener el gasto”, en tanto Oddone sostiene que si la recesión no se prolonga y la sequía no continúa, el déficit fiscal “es manejable y no requeriría un ajuste fiscal”.
Creemos que esta última visión, por encima de aspectos técnicos, soslaya el hecho de que siempre se estaría caminando en el filo de la cornisa, y que es preciso abatir el gasto del Estado –para no tener que aumentar impuestos-- y así dejemos de depender de una coyuntura internacional favorable a efectos de poder luchar con las cuentas fiscales, que están constituidas fundamentalmente por gastos fijos que nos dejarán expuestos a un sacudón a las primeras de cambio, tan pronto cambie el escenario mundial.
Y ello ocurre porque Uruguay es altamente vulnerable y dependiente, muy lejos de los “blindajes” de los que el presente gobierno hizo gala en su momento, y lo que menos necesitamos es una “herencia maldita” de alto déficit fiscal para el próximo gobierno, aunque se le ponga la etiqueta de “manejable”.
Pero lo que sí es indiscutible, como señalan los tres economistas, es que es preciso trabajar con denuedo por lograr la independencia energética, con definiciones claras del Estado y la promoción de inversiones privadas y/o por asociación, además de la generación de infraestructura mediante emprendimientos privados o conjuntos con el Estado, como una condición fundamental para dar el paso de calidad en la inversión que nos encaminará hacia el desarrollo.