Opinion | 22 Ago Estamos ya sobre el fin de una nueva legislatura, según se desprende de los hechos, porque desde hace ya tiempo se registra una continua reducción en la presencia de legisladores en las sesiones de ambas cámaras, al ingresar en tiempos electorales en los que muchos están apostando a mantener su banca y/o trabajar por el partido que lo llevó a ejercer la representación de una corriente de opinión ciudadana.
Es decir que con el paso de los meses y las semanas, el vaciamiento progresivo y la sucesión de licencias que se habían iniciado ya a principios de este año, se ha ingresado decididamente en una deserción masiva, que no afecta solo al Parlamento sino también la integración de puestos clave en el gobierno, por lo que se puede afirmar sin temor a equívocos que nuestro país ha ingresado en el tradicional gobierno con piloto automático, porque los políticos están dedicados a la búsqueda de un lugar para estar presentes cuando se eche a andar la próxima administración, sea del partido que sea.
Y esto es así desde el fondo de la historia, lamentablemente, porque estamos ante una constante de prácticas del sistema político que determinan que por más buena voluntad que se tenga para el ejercicio del gobierno in totum hasta el último día, la realidad indica que los ejes del poder y de los intereses de los representantes políticos se desplazan ya en la perspectiva de lo que traerá el futuro cercano y se va ingresando en el período en que quedan los menos ocupando las bancas y también suplentes en cargos jerárquicos de ministerios y entes en los que directores están volcados a la campaña política.
Es cierto, hay algunas excepciones –muy pocas, lamentablemente-- en este común denominador de distorsiones, entre cuyas consecuencias se incluye que los ciudadanos estemos pagando muy buenos sueldos a personas que durante varios meses están dedicadas a otra cosa, a buscar su ventaja personal, y que en el mejor de los casos dividen su tiempo en hacer aquello por los que les pagamos y también lo que apunta a defender su partido, su sector o su situación personal. Y como no hay controles que puedan medir el grado de cumplimiento o dedicación, la realidad indica que en el mejor de los casos se están efectuando tareas a medias en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento, en los entes autónomos y en muchas otras esferas de la acción gubernamental y del Estado, porque están todos en otra cosa.
Un aspecto que no puede escapar a este análisis refiere al tiempo efectivo de gobierno en el Uruguay, desde que a partir del 1º de marzo, cuando se inicia una nueva administración y se ha renovado ya la totalidad de la integración de las cámaras, transcurren varios meses --prácticamente un año-- para que se recomponga el esquema de decisión en ministerios y la diversidad de organismos en los que se realiza el cambio de jerarquías, a lo que deben agregarse cargos de particular confianza y modificaciones en una serie de dependencias que determinan que recién se enderece más o menos el funcionamiento del gobierno y el propio Estado ya muy adentrado el primer año de la nueva administración.
Pero a la vez se viene de largos meses de una situación como la que está transcurriendo, con un funcionamiento a medias, por un principio de inercia, en el que además cada paso se mide en función del costo político ante la inminencia del acto electoral, por lo que es un tramo en el que está siempre presente una sobredosis de demagogia, de doble discurso, de quietud en las decisiones para no exponerse ante una oposición ávida de encontrar y explotar errores, lo que hace que se compartan responsabilidades entre quienes ejercen el gobierno y quienes están del otro lado del mostrador para dar lugar a este perjudicial período de parálisis.
Es cierto, una vez pasadas las elecciones, también surge un tramo –sobre todo cuando hay cambio de partidos en el poder-- en el que se trata de aprobar lo que ha quedado pendiente, solucionar situaciones indefinidas en la administración, procesar entuertos para cubrirse o aprobación de decretos antes de que quien asuma el gobierno pueda tener tiempo de “trancar” aquello que esté bajo sospecha, lo que implica una distorsión adicional en la conducción de un país.
Nos encontramos por lo tanto en medio de este escenario poco recomendable dentro de la institucionalidad democrática, porque precisamente viejas prácticas y el omnipresente factor humano, con sus virtudes y defectos, siempre es capaz de desvirtuar en los hechos lo que sin embargo en los papeles parecía perfecto y hasta inconmovible.