Locales | 24 Ago La Intendencia de Paysandú sigue varios juicios por desocupación de lugares públicos en distintas localidades del departamento, tanto terrenos como viviendas, en un proceso de recuperación de los bienes municipales. Se trata de varios casos, algunos con muchos años de antigüedad como “ocupantes”, en los que la Intendencia gestionó administrativamente o bien por vía judicial el desalojo de esas propiedades.
Consultado sobre esta situación por EL TELEGRAFO, el intendente Julio Pintos manifestó su “respaldo por el trabajo de la asesoría letrada”, y que estas acciones se cumplen porque “intentamos liberar espacio municipal para otros usos”. Considerando que hay casos que se remontan a varios años, y que además algunos podrían haber contado con algún tipo de permiso, Pintos dijo que “en caso que tengan algún tipo de derecho vamos a buscar soluciones alternativas, aunque haya costos que tendríamos que asumir”. Ratificó que se trata de recuperar lugares que pueden ser importantes para el desarrollo de actividades públicas, por lo que se buscarán soluciones que “liberen” esos espacios públicos.
Varios casos en la justicia
El abogado municipal, doctor Gonzalo Graña, detalló a EL TELEGRAFO algunos de los casos que se están siguiendo desde su oficina, con variada suerte. El último caso constatado fue el de un terreno lindero al edificio del ex Colegio Don Bosco, que pertenece a la orden religiosa de los salesianos y está cedido en comodato a la Intendencia. Dijo Graña que “se hizo la denuncia penal, la persona se fue y se debe desarmar y retirar la casilla construida”.
Otro de los casos de reciente solución fue “una denuncia en la justicia penal por intrusos en el barrio Jardines del Hipódromo, pero finalmente los ocupantes se retiraron”. También fue ocupada una vivienda del Barrio Chaplin, de las construidas en el marco del programa PIAI. Se trata de una de las que era desarrollada por la empresa MIR y quedaron sin terminar cuando la empresa quebró. En este caso, se realizó una audiencia el 17 de agosto, ahora está a resolución del juez penal.
Hasta la vereda y la calle
La vía pública también puede ser objeto de ocupación, y la comuna reacciona judicialmente. Por ejemplo, hay dos casos, uno con denuncia penal de intrusos por la ocupación en quiosco ubicado en un espacio público de República Argentina y Joaquín Suárez, que tiene audiencia para el 15 de octubre. El segundo caso de estas características incluye otra denuncia en el Juzgado Penal de Cuarto Turno por usurpación de calle Cerrito y Chain. En este caso la audiencia judicial está prevista para el 3 de setiembre.
También se hizo recientemente la denuncia policial por una usurpación en el padrón que fuera otorgado a Fucvam para una cooperativa de viviendas, en calles Instrucciones del Año XIII, Bulevar Artigas, Purificación y Joaquín Suárez, ubicado cerca del barrio Río Uruguay y sobre el que recientemente se hizo la denuncia por ocupación. El caso fue también presentado públicamente por EL TELEGRAFO el 17 de julio.
Pendiente “desde hace tiempo” en la justicia está el caso de algunas viviendas del barrio Don Bosco. Comentó Graña que el año pasado los ocupantes interpusieron unas excepciones de un expediente que está en el Juzgado de Paz de Tercer Turno. Se está discutiendo a nivel judicial si se pide el desalojo. Se interpusieron algunos recursos y “está en la etapa de prueba”.
También en el interior
Desde 2007 también se arrastra un problema de ocupación de tierras de los ladrilleros de Colapay, en pueblo Porvenir. En este caso, el juicio “se perdió en primera instancia y está en apelación, viendo si se hace lugar al desalojo”.
También hay una denuncia por ocupación de terrenos de villa Quebracho. Esta denuncia por “intrusos” está referida al caso también presentado por EL TELEGRAFO el 9 de febrero. La zona ocupada está delimitada por las calles Vilardebó, 25 de Mayo y 18 de Julio, ubicado frente al Cementerio local y del camino que une con Lorenzo Geyres.
Hay otro caso, en la ciudad de Paysandú, en el barrio Vista Hermosa, y precisamente en un terreno con construcciones pegado al lugar donde se hizo la nueva policlínica y comedor, que está ocupado desde alrededor del año 2001, pero el abogado municipal afirmó que “recién llegó a mi escritorio”, por lo que los pasos a dar serán analizados. Consultado sobre el caso de la vivienda existente a los fondos del local donde funciona el comedor N° 52, y que estaría ocupado desde hace más de diez años, Graña señaló que “es más complicado”. Se trata de una familia que construyó en ese lugar, aparentemente con alguna autorización.
POR QUÉ CIVIL O PENAL
La diferencia en el tipo de juzgado en que se presenta la denuncia -si es la justicia civil o la penal- se debe a la característica del problema. “Si es un delito de usurpación y actuamos rápidamente se hace la denuncia penal. En las situaciones que vienen de hace muchos años, y donde pudo haber algún permiso de alguna persona o una situación tolerada, en esos casos se hace un desalojo por ocupante precario”, y es en la justicia civil, precisó.
No obstante, el doctor Graña dijo que no siempre se llega a la justicia con los casos de ocupación de viviendas o terrenos. “Primero se hace la intimación administrativa para solucionarlo por las buenas. Si no hubiera posibilidad, se hace la denuncia por ocupante precario o por denuncia penal”.
“Hubo un empuje de ocupaciones, pero la Intendencia está haciendo todo lo posible por sacar a esa gente que pretende meterse en terrenos de su propiedad, inclusive por la vía judicial”, acotó.