Opinion | 28 Ago El Poder Ejecutivo ha dado esta semana un paso alentador al aprobar en el último Consejo de Ministros un decreto que habilita a UTE a licitar en una primera etapa la instalación de generadores para producir 150 megavatios de electricidad a partir de energía eólica, para llegar en 2015 a una generación de 300 megavatios por esta vía y a un total de 500 provenientes de energías alternativas.
Una iniciativa de este perfil siempre es bienvenida, aunque se haya perdido un tiempo precioso en falencias en la instrumentación de la licitación previa por UTE, al punto que ya ha insumido casi tres años la puesta en marcha de ese primer llamado por unos modestos sesenta megavatios, dividido en partes –la segunda todavía está en fase de dilucidación-- y con topes de precios impuestos tras la presentación de las ofertas, como una forma de presión hacia los potenciales inversores por fuera de las reglas de juego.
En esta nueva oportunidad la primera etapa, con sus 150 megavatios, implica unos 300 millones de dólares de inversión y apunta a obtener el concurso de empresas extranjeras con experiencia en el área, a la vez de optar por un camino inverso al que se estaba instrumentando respecto a la primera licitación convocada por UTE, que establecía un máximo de cinco megavatios por cada proyecto de generación con energías alternativas.
El decreto aprobado en Consejo de Ministros, por el contrario, pasa a atender propuestas de proyectos no inferiores a los 30 megavatios, lo que confiere otra proyección al llamado en cuanto a su real repercusión en el esquema de generación del país, desde que al paso que llevaba la UTE era impensable lograr alguna incidencia significativa de energías alternativas en el esquema de generación del país.
Otro aspecto incluido en el decreto refiere a condiciones para la importación de los aerogeneradores y equipos complementarios para su funcionamiento, desde que se establece un porcentaje de industria nacional para los equipos –no menor a un veinte por ciento-- a la vez de exigirse que la operación se realice mayormente con personal uruguayo y con centros de control dentro del territorio nacional.
Estos aspectos, por supuesto, como así también el precio de referencia que se aspira a pagar por megavatios son elementos decisivos a ser evaluados por los potenciales inversores, quienes en base a los estudios de frecuencia e intensidad de los vientos en determinados lugares deberán determinar la rentabilidad del uso del capital de riesgo, que es el eje de la decisión a adoptar.
El desafío radica precisamente en encontrar el punto de equilibrio en los pliegos de la licitación, entre las necesidades del Uruguay de incorporar fuentes de generación de electricidad que permitan ampliar la potencia disponible para atender el consumo en los tramos pico, fundamentalmente, tener respaldo cuando caiga la generación hidroeléctrica por efectos de la sequía, y a la vez reducir la dependencia de las compras de electricidad, siempre muy cara, a los países vecinos, como ha ocurrido en el último período.
Lamentablemente, hasta ahora la UTE había estado muy lejos de ese punto de equilibrio que permitiría incorporar la generación que necesita el país, desde que además de ser en extremo “avara” en cuanto a la potencia licitada, desalentó a oferentes estableciendo topes en el precio por el megavatio e invitándolos a rebajar sus aspiraciones.
El resultado, como no podía ser de otra manera, fue no solo la postergación de proyectos, sino también que varios de los oferentes se desinteresaran y otros como Azucarlito se volcaran al mercado “spot” u ocasional, vendiendo a UTE solo cuando le interesara el precio y a la vez contara con excedentes, lo que desde el punto de vista de respaldo de potencia tiene su cuota de incertidumbre.
Y lo que hoy se establece criteriosamente para la energía eólica –es de esperar que el pliego de la licitación también recoja este concepto-- también debe extenderse a los llamados para la generación de electricidad por biomasa, con la que se espera completar los 500 megavatios para 2015, operando de esta forma en favor de los intereses del país y no de las chacras de poder dentro de organismos públicos como UTE, que hasta ahora no ha estado a la altura de las circunstancias.