Opinion | 27 Ago El delirante bloqueo al puente “Libertador General San Martín”, que desde hace mil días mantienen los activistas de Gualeguaychú, es una señal inequívoca de cuán difícil resulta salir de las “manijas” y evitar que los grupos radicales monopolicen las decisiones que se adoptan en asambleas “legitimadas” como expresión popular, que terminan desvirtuando los fines presuntamente altruistas en que se inscriben estas movilizaciones.
Por supuesto, a esta altura ni el ciudadano más despistado puede en alguna medida siquiera considerar que estemos ante una lucha ambientalista, sino que desde hace rato prevalecen otros intereses ajenos a los enunciados de los seudoambientalistas, que han metido a los ciudadanos de Gualeguaychú y a muchos entrerrianos en un brete del que no es fácil escapar, cuando los activistas amenazan a quienes se oponen o disienten, con expresiones descalificadoras y tratándolos como enemigos del medio ambiente y de la salud de sus conciudadanos.
Solo así puede explicarse, por lo menos parcialmente, que en el Senado entrerriano se haya presentado y aprobado una increíble legitimación del corte del puente internacional, con argumentos caricaturescos que en gran medida explican el por qué se ha podido llegar y mantener esta situación por espacio de tres años.
La Cámara Alta entrerriana ha aprobado por unanimidad –lo que es un indicativo claro del grado de presión que se ejerce sobre los legisladores-- una declaración de “paraje histórico y cultural” al piquete que mantiene bloqueado el puente, lo que avala las protestas contra el funcionamiento de la planta de Botnia en Fray Bentos, considerada contaminante por los activistas.
Esta norma aún debe ser revalidada por la Cámara de Diputados de la provincia y ha generado discusiones en Gualeguaychú, donde por supuesto hay un alto porcentaje de la población que está en contra del corte y que sin embargo es acallada por la acción de los más exaltados que dominan la asamblea y los ámbitos de discusión, sin aceptar posturas pragmáticas de ningún tipo y menos aún los esporádicos llamados al sentido común. Tanto es así que ya han anunciado que un eventual veredicto desfavorable de la Corte Internacional de La Haya no les hará desistir de su bloqueo, lo que confirma, por si alguien tenía alguna duda, su postura mesiánica y descalificadora hacia todos quienes tengan una opinión distinta, y que surge nítidamente ante la votación unánime en el Senado entrerriano.
Este órgano identificó al paraje Arroyo Verde, donde está instalado el piquete, como el “centro de la resistencia de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú contra la instalación de la pastera Botnia”, en ese marco de paraje histórico-cultural que identifica la irracionalidad con que se está actuando en la vecina orilla.
Pero pese a las amenazas, no todos se han allanado a los dictados de la asamblea, y así nos encontramos con que Jorge Novello, ciudadano de Gualeguaychú, señaló al diario La Nación que “vemos con cierta tristeza la declaración, porque no podemos dejar de considerar que en Arroyo Verde se viene prolongando la consumación de un delito, como es el de no dejar transitar libremente”, a la vez de acotar que “si la lucha ambiental tiene un mérito, el corte de ruta hace perder autoridad a ese mérito”.
Pero, naturalmente, como dice el refrán, la culpa no es del chancho sino del que le rasca el lomo, y el gobierno nacional argentino ha sido cómplice por omisión de esta flagrante violación del derecho internacional y hacia adentro de su país. Es que ha sido interrumpida por los piqueteros una ruta del Mercosur, en clara violación del artículo primero del acuerdo regional, con el gobierno de Kirchner aceptando tácita y explícitamente la causa de los piqueteros y aunque con pocas ganas ha instado a que depongan el bloqueo, no ha adoptado las correspondientes medidas para desalojar a quienes transgreden la ley.
Y lo que es peor, esta intransigencia ha hecho retroceder lustros los trabajosos avances en materia de integración regional, ha anulado uno de los puentes internacionales y afectado seriamente la reactivación del transporte fluvial, por seguirle el juego a los activistas que se oponen al dragado del río Uruguay pretendiendo afectar a Botnia, cuando esta empresa saca su celulosa en barcazas que pueden desplazarse por el río a profundidades mínimas, lo que pone de relieve el grado de fanatismo e incoherencia de quienes así proceden.