Locales | 31 Ago El decreto del Ministerio del Interior 3805/09 de junio pasado, cuya aplicación se ha postergado recientemente por 60 días, significa una muy fuerte exigencia a los agentes descentralizados de pago del Banco de Previsión Social (BPS), especialmente a aquellos que tienen menor cupo de prestaciones a liquidar. El promedio de prestaciones que el BPS paga por mes, en su mayoría pasividades de jubilados y pensionistas pero también subsidios por enfermedad, desempleo y otros a personas en actividad, sumados el actual Plan Equidad que depende del Mides, totaliza unas 750 mil en todo el país y unas 400 mil solamente en el Interior. Esto hace que la suma total erogada en el total de los departamentos del Interior, mensualmente, tenga un promedio de unos $1.850.000.000.
De todas formas, en el tiempo que lleva de aplicación el sistema de pago descentralizado, no se ha producido un solo robo subrepticio ni a mano armada en ninguna ciudad del Interior. Obviamente que todos los locales habilitados para este servicio a costo y cargo del BPS, por el cual se retribuye en el momento actual con un 0,83 por ciento del equivalente a la prestación pagada (próximamente, en nuevo convenio, ese importe será reducido al 0,75 por ciento), atento a las disposiciones emanadas en su momento del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse) adoptaron las medidas de prevención contra posibles atracos y robos. Desde luego que eso fue costeado por cada uno de los responsables de dichos locales comerciales, habilitados previa inspección de Renaemse.
De acuerdo con lo que pudo saber EL TELEGRAFO, las disposiciones complementarias que se requieren por el citado decreto, además de enclaustrar a los propios empleados de las agencias descentralizadas de pago, determina una inversión del orden de U$S12.000 por local. Una suma de dinero que será un inconveniente insalvable para las empresas que tienen menor poder económico e incluso deben proveer dicha seguridad para más de un local de pagos.
No se consultó a todos
El decreto de referencia establece en el “visto” la “necesidad de adecuar la reglamentación que regula el funcionamiento de las entidades que realizan pagos descentralizados del Banco de Previsión Social”, aunque -como ya se ha dicho- en el Interior no se han producido hechos delictivos en contra de los mismos”.
En los “considerandos” se indica que “se han llevado a cabo las reuniones al respecto con representantes de las entidades relacionadas con el objetivo de alcanzar soluciones en lo atinente”, las que desconoce la mayoría de los involucrados en este servicio. Incluso se asegura que tampoco el Banco de Previsión Social habría sido invitado a dichas reuniones, lo que de ser así determinaría una franca omisión dado que se trata también de un pagador -aunque el de menor cantidad en el momento actual- de jubilaciones y pensiones y los distintos subsidios vigentes, o sea que también moviliza caudales con dichos fines.
Lo que se exige ahora
Otro tema que llama la atención es que se exige mayor seguridad de la ya existente a las empresas que pagan las prestaciones del BPS, pero nada se indica -al menos en dicho decreto- de aquellos comercios que recaudan gruesas sumas de dinero por cobros de los servicios públicos, impuestos nacionales y municipales, así como otros proventos como -por ejemplo- el cobro del nuevo Seguro Obligatorio de Automotores (SOA), etcétera.
Los locales de pagos descentralizados del BPS deberán contar con: sistema de alarma habilitado por el Ministerio del Interior con enlace directo a la unidad policial más próxima, con central codificada para activación y desactivación del sistema de robo, etcétera. Un dispositivo contra asaltos que contenga “pulsadores de pánico” en la caja receptora y en el área donde permanezca el servicio de seguridad, dispositivo contra intrusos como sensores anti masking,antisísmico (por posibles perforaciones en la pared cercana) que cubra el recinto del tesoro.
También sensores contra rotura de vidios, rayos infrarrojos protegiendo las aberturas y ductos de ventilación de baños.
Nueva tecnología de tv
Los locales deberán mejorar la tecnología de las cámaras de televisión para seguridad, puesto que tienen que “permitir la toma de personas que ingresen a este, a efectos de su clara identificación”.
En cuanto a las cajas de seguridad deberán contener “blindaje en fundición de aleación de acero con una dureza no inferior a 400 grados Brinell, cubriendo puerta y casco de 20 milímetros de espesor, adherido a una adecuada protección térmica contra incendio que ofrezca un bajo índice de conductibilidad a temperaturas no inferiores a 600 grados centígrados”. En cuanto al peso requerido no podrá ser inferior a los 800 kilogramos, todo ello el denominado “Modelo I” y con mayores exigencias en cuanto al “Modelo II” (de acuerdo con el Reglamento de Requisitos de Seguridad aplicados en cada caso).
Con chapa acerada
Otros requisitos añadidos en cuanto a la seguridad de los locales de pago del BPS, es la colocación de una chapa de cinco milímetros de espesor (exterior o interior del sector) para los boxes o mostradores. A su vez se deberán encristalar mediante “la colocación de vidrios templados de no menos de 32 milímetros de espesor, cuya altura -si la infraestructura así lo permite- no sea inferior a los 2.20 metros”, etcétera.
Cada local “debe contar con guardia armada durante todo el horario de atención al público independientemente de los días que se efectúan los pagos descentralizados del BPS, debiendo el mismo permanecer en el hall de atención al público”. Servicio de guardia que actualmente se contrata en ocasiones de los días y horarios en que se realizan efectivamente los pagos, en modificación que también se suma a los costos, ya sea por el contrato de servicio policial mediante el artículo 222 o de empresas de seguridad privadas.
El decreto 3805/09, con fecha 4 de mayo pasado, lleva la firma del presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez y la ex ministra del Interior, Daisy Tourné. Debe agregarse que las gestiones intentadas ante mandatario desde Paysandú, en procura de que se modifiquen las nuevas y severas exigencias, no han tenido respuesta hasta el momento.
Descentralización
brinda más seguridades
Tras el cuestionamiento inicial que algunos pasivos y asociaciones que los nuclean al sistema descentralizado de pagos de jubilaciones y pensiones, se ha comprobado que hay mayores seguridades. Lo expresado se refleja pues no se ha registrado ningún atraco durante los días de pagos del BPS dentro o fuera de dichos locales en el Interior, y tampoco suelen presentarse las emergencias médicas por desmayos u otros inconvenientes físicos. Esto último obedece a un hecho incuestionable: la desconcentración y mayor amplitud del horario de pagos por las empresas privadas, que determina una menor cantidad de personas esperando por su cobro. Lo que sí sucedía, históricamente, cuando los pagos eran unificados en las sucursales departamentales de las cajas de jubilaciones, ex Dirección General de la Seguridad Social y también durante unos cuantos años de funcionamiento del actual Banco de Previsión Social.
De acuerdo con lo recabado por EL TELEGRAFO, quienes brindan el servicio de pagos descentralizados al BPS no se oponen y mantienen las medidas de seguridad oportunamente establecidas. Pero -como se afirmó en la carta dirigida al presidente Vázquez- con las que se quieren imponer ahora lo que se producirán son más de “ochocientas cárceles” en todos y cada uno de los locales en los que quedarán “apresados” los empleados de las distintas empresas. Sin que, ante la eventualidad de amenazas contra rehenes, por ejemplo, se pueda llegar a tener un ciento por ciento de seguridad que no deberán ceder ante los eventuales criminales que puedan intentar asaltarlos.