Opinion | 04 Sep Pese al intento del presidente Tabaré Vázquez de reducir al mínimo las consecuencias del episodio de las últimas horas en Antel –sobre el cual el sindicato del ente ha guardado un sugestivo silencio hasta ahora-- al reclamar de inmediato la renuncia del presidente y luego de la vicepresidenta del organismo, salta a la vista hasta para el más despistado o prescindente ciudadano, que nada ha cambiado en cuanto a la gestión de las empresas públicas y las consabidas prácticas clientelísticas que han empleado tanto los partidos tradicionales como el Frente Amplio.
Este episodio todavía tiene aristas oscuras en cuanto a las motivaciones y modus operandi del impostor procesado, pero sí ha quedado absolutamente clara la forma en que se manejan las empresas y otros organismos del Estado, donde el amiguismo, el clientelismo y la cuota política se practican bajo cualquier gobierno. La diferencia radica acaso en la forma y no en el contenido, porque el Frente Amplio llegó al poder con el caballito de batalla de la transparencia, de la honestidad y de otra forma de hacer política, pero evidentemente solo se ha quedado en una imagen que ha pretendido transmitir, por cuanto los hechos han desmentido rotundamente eso que se quería hacer creer.
Así, ha quedado al desnudo que para las actuales jerarquías de la administración pública, designadas por el Poder Ejecutivo, basta una llamada del prosecretario de la Presidencia de la República, de un ministro o de algún otro funcionario de menor jerarquía, para ingresar a cargos ejecutivos o de mediana responsabilidad, sin otra referencia que la recomendación del gobernante, por lo que la idoneidad y las capacidades son un aspecto secundario.
Lo importante por lo tanto es gozar de la confianza política, --naturalmente perteneciendo al mismo partido-- de quien lo recomendara, en un hecho que por supuesto no es nuevo en el país, pero sí cuestionable y que ha sido recurrentemente traído a colación por el Frente Amplio como una práctica a desterrar y en la que nunca caería.
La realidad indica que no solo ha caído y recaído en tales manejos, sino que se ha actuado tratando de hacer pasar por transparencia el cientelismo que practica bajo cuerda en organismos nacionales y en sus intendencias.
En este episodio que ha tomado estado público en los últimos días, las medidas fueron adoptadas simplemente porque los hechos trascendieron a partir de informaciones de prensa, pero todo indica que estaban en conocimiento ya de las más altas jerarquías de gobierno y que se trató de que la sangre no llegara al río, sin lograrlo.
El punto es que mientras se criticó ácidamente por años que durante anteriores gobiernos y la dictadura fuera de uso común la “tarjetita” del gobernante, del legislador o del militar como cartas de presentación para ingresar a un puesto en el Estado, en el caso de la actual fuerza de gobierno alcanzaría con un llamado telefónico del prosecretario de la Presidencia o de algún otro jerarca de relevancia, y sin siquiera hablar directamente con éste, sino solo mencionándolo, lo que permitió por ejemplo que se concretara esta maniobra.
Por otro lado, mientras se ha intentado hacer creer que la figura del concurso para ingresar es una garantía absoluta y una práctica transparente, la realidad es muy distinta, desde que si bien puede presentarse quien se considere con condiciones para aspirar a determinado puesto, tanto a nivel nacional como municipal, a la hora de la elección del funcionario llega el “dedazo” que designa a la persona que “casualmente” pertenece al mismo partido y hasta el sector de quien tiene el poder de decisión.
Con este mismo criterio se ha actuado por la presente administración para la designación en las embajadas que, como en otros gobiernos, se concedieron a personas del mismo partido que no tuvieron votos suficientes para ser reelectos en cargos legislativos, se designaron ministros a las cabezas de sector sin tener en cuenta para nada si reunían condiciones para ejercer el cargo, y la misma práctica se puso de manifiesto para designaciones en organismos públicos y miles de cargos de confianza en todo el país.
La “nueva” forma de hacer política, los eslóganes repetidos hasta el cansancio sobre la probidad, del fin de los amiguismos, en los que seguramente muchos ciudadanos creyeron, han “marchado al spiedo”, como suele decir el candidato oficialista, y servido por lo menos para reafirmar ante la opinión pública, por si alguno tenía alguna duda, que no hay nada nuevo bajo el sol, que nadie está en condicones de tirar la primera piedra, y que una cosa son los discursos para la tribuna y otra muy distinta lo que se hace cuando se está en el poder.