Opinion | 07 Sep Una de las diferencias sustanciales entre las naciones del primer mundo y los países que --como Uruguay- pujan bien o mal por salir del subdesarrollo se expresa en la actitud de los actores políticos y la ciudadanía en los períodos preelectorales, que no pasa solo por una forma de idiosincrasia, sino también por la formación cultural y de situar las cosas en sus justos términos. Es así que tenemos que en naciones europeas la campaña electoral dura menos de un mes y por lo general no más de quince días --cuando la cosa cobra color-- y luego que la ciudadanía se expresa en las urnas aparecen algunos festejos y muy poca cosa más; y con la misma naturalidad se aborda el proceso de transición, sin tremendismos.
Pero en Uruguay, como en el fútbol, se sobredimensionan los hechos y se generan pasiones y distorsiones de las que al fin de cuentas no escapa nadie, ni aún el menos interesado en política, porque de una u otra forma quedará atrapado en la telaraña de la confusión preelectoral.
Es así que la impregnación de lo político se da en todas las actividades y no escapa ningún sector, sobre todo en los dos meses previos al acto electoral, por lo menos, por lo que se suceden situaciones en todo orden que en mayor o menor medida deben ser decodificadas en clave electoral, y por lo tanto el ciudadano debe estar advertido de filtrar con cuidado hasta donde llega el contenido del mensaje político para establecer con cierto límite, por lo menos, los elementos objetivos y los que están incorporados para machacar en forma directa o subliminal sobre el ciudadano.
En esta oportunidad, más allá de los discursos, las propuestas, los eslóganes, las acusaciones y las diatribas de los candidatos y los seguidores, de las organizaciones que los apoyan –entre ellas el Pit Cnt, que es con el Frente Amplio el equivalente al dúo Batman y Robin-- como nunca en esta instancia el gobierno está interviniendo directamente en la campaña electoral con todos los medios del Estado a su favor, que no son pocos.
Es decir, un elemento adicional que procura incidir en la voluntad popular a través de un bombardeo de “información”, de la real y la distorsionada siempre hacia un mismo lado y por las dudas repetida, como es el caso de las giras que están realizando el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros por varias localidades del Interior, casualmente aquellas en las que la fuerza de gobierno acusa un escaso caudal electoral.
Es cierto, no es nada que no hayan hecho otros gobiernos, algunos ya cortando cintas con la consecuente parafernalia proselitista incluida para incidir en el elector, pero evidentemente con menos acento que el que se está registrando actualmente, sobre todo por un gobierno que basó su plataforma y propuesta en otra forma de hacer política.
Pero seguramente la gran diferencia pasa sobre todo por el volumen de la publicidad estatal, ya desaforada a esta altura de la campaña, si tenemos presente que la publicidad oficial en televisión abierta (Estado, empresas públicas e intendencia capitalina) aumentó un 21 por ciento en enero-julio de este año respecto al mismo período del año pasado.
Esta publicidad pública incluye desde productos y servicios que están en competencia con agentes privados hasta anuncios de diversa índole, campañas institucionales, difusión de servicios y logros de gestión, y no incluye propaganda adicional como la del Plan Ceibal y el Codicen sobre la enseñanza pública, recientemente lanzada por todo el país.
Por supuesto, la coincidencia entre la mayor publicidad electoral y los tiempos electorales no es producto del azar, sino que se inscribe entre el plus que da el poder del Estado en favor de la campaña oficialista, de los recursos de todos los uruguayos en favor de una causa partidaria, y este es precisamente el aspecto ético en debate, cuando se hace recurrentemente cuestión en el origen de las finanzas que utilizan los partidos políticos en la campaña electoral.
En este caso está muy claro que se está utilizando abiertamente dinero que aporta cada uno de los ciudadanos a través de impuestos, de los sobrecostos de tarifas, para financiar la actividad proselitista oficial, donde la “transparencia” ha quedado solo para los discursos, donde abundan los cuestionamierntos a los amiguismos y cientelismos de los adversarios, cuando ha quedado al desnudo en forma cruda, por si había alguna duda, que este gobierno los practica como sus antecesores, y peor aún, con un alto grado de hipocresía.