Opinion | 10 Sep El análisis de las estrategias instrumentadas en el Uruguay para la preservación de los recursos naturales puede dividirse en dos grandes vertientes: por un lado, la más optimista, consistiría en enumerar la gran cantidad de leyes orientadas al cuidado del medio ambiente y las no menos numerosas instituciones encargadas de controlar el cumplimiento de las normativas. Por otro –quizá el enfoque más realista-- sería admitir con desencanto que nuestro país, rico en instituciones y funcionarios, no es capaz de aplicar políticas serias para el cuidado del medio ambiente, ya que evidentemente se invierten más recursos en sostener el aparato burocrático que en acciones eficaces para frenar procesos que ponen en peligro nuestros cada día más escasos recursos.
Un claro ejemplo de ineficacia en las políticas conservacionistas es la imposición anual de una veda de pesca, destinada a disminuir la captura predatoria y favorecer la actividad pesquera artesanal, pero viciada por un débil espíritu fiscalizador, ya que generalmente no existe disponibilidad de recursos materiales y económicos que aseguren un eficaz patrullaje del río Uruguay.
En áreas como la forestal supuestamente existen leyes que protegen la destrucción del monte nativo, pero el resultado de la tala ilegal puede constatarse en cualquier esquina de la ciudad, porque los controles son mínimos y el negocio prevalece sobre cualquier otro interés. En este sentido, bastaría hacer un seguimiento de las áreas boscosas registradas por fotografía satelital, pero ni siquiera teniendo esta tecnología al alcance de la mano se controla. Respecto a la protección de especies animales en peligro tampoco se han instrumentado políticas claras y nuestros científicos denuncian permanentemente la destrucción de los ecosistemas, ya sea por efecto del uso indiscriminado de químicos o a consecuencia de modelos productivos ya obsoletos en otras partes del mundo.
Es loable reclamar leyes y normas que protejan los invaluables recursos naturales, pero sin mecanismos eficaces de fiscalización no habrá resultados y en pocas décadas tendremos que resignarnos a perder aquello que ni siquiera el dinero podrá devolvernos.