Opinion | 10 Sep El aspecto tributario debería ocupar un lugar más preponderante en una campaña política donde hay pocas propuestas pero muchos intercambios de reproches entre los candidatos, como es además tradicional en el Uruguay, desde que no puede soslayarse que es un punto crucial para el desenvolvimiento socioeconómico del país y que estamos ante una situación en la que es muy difícil encontrar el justo equilibrio.
Claro, lo ideal es contar con el mínimo de carga tributaria posible sobre empresas y ciudadanos, lo cual es impensable que pueda lograrse si a la vez no se abate el gasto estatal, que es precisamente el destino de los aportes de todos los uruguayos. Por lo tanto, en esta ecuación de ingresos y gastos, abatir el segundo componente de la relación sería una contribución formidable para liberar de parte del peso impositivo a los sectores que generan la riqueza y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. En los hechos Uruguay está en las antípodas de esta aspiración, por cuanto actualmente es uno de los países de América Latina con mayor carga tributaria.
Claro, si fuera tan fácil no estaríamos hoy poniendo el tema sobre el tapete, especialmente cuando la Administración Vázquez ha aumentado notoriamente el gasto público, sobre todo en el último año, de cara al desafío electoral y donde tradicionalmente el gasto estatal desbordado ha sido utilizado como elemento de “enganche” por el uso generoso de dineros públicos en programas de sesgo social-asistencialista y con mucho de demagogia.
Pero igualmente hay ciertos preceptos básicos en cuanto a la tributación que no deben perderse de vista en ninguna circunstancia y que por el contrario, conllevan una constante de principios que deben aplicarse en cualquier circunstancia para atender la situación de quienes aportan y que como regla general tienen solo un retorno muy parcial del dinero que dejan en ventanillas de los organismos del Estado.
Uno de los aspectos clave es por supuesto la evasión, desde que quien evade está cargando sobre otro contribuyente el peso de su aporte, y a la vez está ejerciendo una competencia desleal con quien está haciendo frente, como puede, al pago de los tributos correspondientes.
Ultimamente se han conocido cifras dispares en cuanto al nivel de evasión en el Uruguay, desde que mientras por un lado la Universidad Católica dio a conocer un informe por el cual se indica que se sitúa en el orden del 37 por ciento, la Dirección General Impositiva desestimó este guarismo y señaló que no supera el 22 por ciento, es decir algo por debajo de los niveles históricos.
La diferencia en las cifras es llamativa, y debería tenerse presente sobre qué bases se realizó la medición, desde que si bien la DGI considera exagerados los números de la citada universidad, no es menos cierto que este organismo no es un ejemplo en cuanto a controles, si se tiene presente que invariablemente inspecciona las empresas registradas, pero actúa muy ocasionalmente en lo que refiere a los establecimientos y vendedores informales, de la misma forma que ocurre con el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
De todas formas, sea una cifra o la otra, no cambia la esencia del tema, que refiere por un lado a la necesidad de ajustar mecanismos para reducir la evasión a la mínima expresión, pero a la vez debe hacerse hincapié en que resulte menos atractiva por la vía de la reducción del peso de la imposición tributaria sobre el universo de los contribuyentes, apuntando a que pueda llegarse a un grado de carga en que ya no valga la pena el riesgo de estar al margen de la ley.
Es decir que es plenamente válido el eslogan que utiliza la DGI en cuanto a que “si todos pagamos, vamos a pagar menos”, aunque no sea ningún descubrimiento, y debe continuar trabajándose sobre esta base, pero procurando efectivamente que el contribuyente no se sienta esquilmado cuando ve que se le aplica sin miramientos lo que establece la ley, en tanto a su lado quienes están trabajando al margen de la legalidad siguen olímpicos compitiendo deslealmente. Pero sobre todo, lo que corresponde, en vez de subir impuestos sobre los mismos de siempre, es atacar el gasto para requerir menos esfuerzo de los sectores reales de la economía, de forma de reciclar más dinero en el tejido socioeconómico, así como buscar alternativas que premien la regularización, en lugar de estimularla.