Opinion | 06 Sep El Poder Ejecutivo decidió finalmente dar marcha atrás en su decisión de modificar el porcentaje de rebaja en las naftas que se compran con tarjeta de crédito en Paysandú y Salto a efectos de combatir el trasiego de combustibles y mercaderías desde la vecina orilla, en lo que es una rectificación bienvenida al significar un paliativo para las dificultades adicionales que enfrenta esta zona del Litoral.
Es cierto, las idas y venidas en las decisiones de gobierno no son una buena cosa, al no transmitirse certezas, claridad en los objetivos y reglas de juego, desde que denota un andar errático y/o apresuramientos al evaluar elementos de juicio para la toma de decisiones.
Este episodio se presenta en principio como una evaluación incorrecta de la situación en la zona, desde que de acuerdo a los considerandos de la resolución, el Poder Ejecutivo entendió que se había registrado un acercamiento entre los valores en una y otra orilla, y que se estaba en condiciones por lo tanto de reducir del 28 al 16 por ciento el descuento en el precio final para las compras con tarjeta, como se hizo en la misma resolución —y se mantuvo-- para Fray Bentos.
Las gestiones de los intendentes y legisladores de ambos departamentos, ante planteo de los centros comerciales, tuvieron receptividad en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde todo indica que se había puesto énfasis en priorizar las necesidades de recaudación fiscal a través de las ventas de combustibles, que es a la vez una vía para acceder a recursos cuando se está ante un margen de maniobra muy comprometido al haber desaparecido como por arte de magia el mentado “espacio fiscal”, ante excesivos gastos .
Pero la contrapartida de esta medida, que fue precisamente la base del planteo de los intendentes, era dejar nuevamente a la zona al descubierto ante un inevitable recrudecimiento del trasiego de mercadería al acentuarse la diferencia en los precios de las naftas, y consecuentemente tornarse más atractiva para al cruce “redondo” para comprar combustibles y mercaderías.
El gran perjudicado por esta situación hubiera sido nuevamente la actividad comercial de Paysandú, ya de por sí venida a menos, con inevitable repercusión negativa en la fuerza laboral y también en la propia Ancap y el Estado, desde que no solo bajarían el volumen de venta de combustibles y la percepción del Imesi, sino también del IVA por efectos de una caída en las ventas.
En suma, el Ministerio de Economía y Finanzas razonó que al fin de cuentas con esta medida había más que perder que para ganar desde el punto de vista impositivo en las ciudades litoraleñas y, por supuesto, en año electoral y a menos de dos meses de los comicios, estábamos además ante una medida impopular, de fuerte costo político en el peor momento, lo que seguramente también influyó para enmendar el nuevo decreto, dejando la situación tal como estaba.
Y corresponde señalar que asimismo se actuó racionalmente en lo que respecta a Fray Bentos, aunque es explicable el malestar de autoridades y fuerzas vivas del vecino departamento, donde también se atraviesa una situación socioeconómica muy compleja.
Pero en este caso se han conjugado dos aspectos negativos: por un lado, la rebaja del 28 por ciento llevó a que a los mercedarios les sirviera el viaje de solo treinta kilómetros hasta Fray Bentos para surtirse de nafta, lo que a la vez repercutió severamente en las estaciones de servicios de Mercedes y creó una distorsión indeseada.
Incluso, el decreto de rebaja de naftas no se justificaba, porque con el puente “General San Martín” cortado, Fray Bentos se encontraba prácticamente en la misma situación que cualquiera otra ciudad alejada de los tendidos binacionales, e incluso si el puente hubiera estado habilitado, tampoco se da en esa zona el grado de trasiego que se genera en Paysandú y Salto.
Y en el marco de estas consideraciones, no debe perderse de vista que la decisión del Poder Ejecutivo de rebajar las naftas desde diciembre de 2007 --que no habían adoptado los gobiernos anteriores pese a los reiterados planteos de autoridades, comerciantes y fuerzas vivas locales-- entrañaba riesgos de distorsiones que felizmente no se dieron, salvo en la zona de Fray Bentos y Mercedes, por lo que la Administración Vázquez tuvo en este caso una visión acertada y la iniciativa y creatividad necesarias para concebir los mecanismos que permitieron hacer realidad una respuesta largamente reclamada y siempre postergada.