Opinion | 12 Sep El ministro del Interior, Dr. Jorge Bruni, debió concurrir al Parlamento para apechugar un presente griego que aparentemente le dejó su antecesora en el cargo, la ex ministra Daisy Tourné, quien habría considerado que si no era posible reducir los índices delictivos puestos de manifiesto por las estadísticas, la inseguridad debía entonces disimularse mediante mecanismos que disfrazaran delitos de mayor monta.
El nuevo secretario de Estado, del mismo sector político pero de un perfil muy distinto al de la anterior ocupante del cargo, debió reconocer ante los legisladores que fue modificado el instructivo vigente para la Policía, por el cual se establece que pese a que un celular sea robado en una rapiña, es decir con violencia, debe tipificarse como un robo simple.
Ello implica “maquillar” las cifras reales de delincuencia, por supuesto, desde que se está ante un ajuste de las cifras reales a la hora de establecer datos comparativos con situaciones anteriores en las que este tipo de delito tenía otra calificación, sin haberlo advertido al divulgarse el resultado de las estadísticas.
El diputado interpelante, Daniel García Pintos, evaluó que “esto arranca antes de que asumiera el actual ministro Jorge Bruni”, en clara alusión a la ex ministra Daisy Tourné. “Si se sigue la cadena del desarrollo administrativo surge el responsable de ordenar la creación de este instructivo; ello puede tener consecuencias penales”, señaló por su lado el representante del Partido Independiente, Iván Posada.
Por supuesto, en este razonamiento hay de por medio contenido político, en pleno fragor de la campaña electoral, pero de la misma forma debe razonarse que la medida tuvo la intención de bajar artificialmente los delitos de rapiña en año electoral, y presentarlo como si ello fuera consecuencia de las acciones desarrolladas por el Ministerio del Interior, entonces a cargo de quien habría dispuesto la modificación.
El actual titular dijo que no se sabía quien había dado la orden de modificar el instructivo y desestimó que hubiera intencionalidad del gobierno, pero la duda queda planteada, evidentemente, si se tiene presente que la inseguridad es el talón de Aquiles del gobierno, el que ha puesto mayor énfasis en defender los derechos de los delincuentes que los del ciudadano víctima de delitos.