Opinion | 11 Sep Recientes  instancias parlamentarias, en las que se contó solo con mayoría oficialista, no hablan muy bien de la calidad del tiempo que invierten los legisladores, en momentos en que también está de por medio la escasa cantidad por efectos de la campaña electoral que distrae la tarea de la gran mayoría de los parlamentarios, al punto que el candidato presidencial del Frente Amplio, José Mujica, hace dos meses que no va al Senado, sigue cobrando y ni siquiera se había  acordado de sacar licencia, lo que seguramente debería rechinar a cualquier trabajador del país, que no tiene estos privilegios, por cierto.
Por un lado, en las últimas horas el  Senado sancionó el proyecto de ley que determina que parejas homosexuales puedan adoptar niños, lo que pretende proyectarse internacionalmente como una avanzada en materia de legislación, y una expresión de libertad, cuando en realidad se están vulnerando los derechos de quienes son los principales afectados por este tipo de decisiones unilaterales, que son precisamente los niños.
Es decir que en aras de la libertad individual se han afectado a la  vez otros derechos, desde que una cosa es permitir el matrimonio entre personas de un mismo sexo por su inclinación sexual y que se pretenda regularizar legalmente su unión para tener acceso a determinados beneficios que tienen las uniones heterosexuales, y otra muy distinta imponerle a un niño que sea criado en el seno de un hogar que va contra el orden biológico natural.
Sin dudas, el niño será víctima de una situación anormal, porque crecerá en un hogar distinto al de sus compañeros de estudio, pese a que en muchos casos provengan de un hogar monoparental, pero a la vez sabedores de que igualmente provienen de un padre y de una madre, y no de dos padres o de dos madres, lo que quiérase o no será un aspecto muy difícil de superar por una mente infantil, que dará lugar a inevitables traumas y a ser objeto de alusiones y burlas por niños de su misma edad, como todos sabemos. Y no se  trata de cuestionar a los individuos en sí, entre los que no debe haber diferencias por su inclinación sexual, sino porque hay una tercera persona involucrada, y esta es nada menos que aquella cuya situación presuntamente se debe contemplar por una adopción, y no a una pareja que no puede tener hijos porque ello va a contramano de  la esencia biológica de sus integrantes.
Este proyecto fue aprobado solo con los votos del Frente Amplio, fuerza política que ha proclamado una y otra vez su disposición a defender los derechos de los niños y que sin embargo ha llevado adelante tozudamente esta iniciativa basada en su mayoría regimentada, aunque incluso varios legisladores oficialistas han expresado reparos a este proyecto y se han allanado a votar contra sus convicciones.
Pero peor aún, se ha acelerado esta sanción parlamentaria cuando aún están pendientes de aprobación modificaciones a la adopción de niños por parejas heterosexuales, que deben superar una y mil trabas para poder hacerse cargo de un niño, lo que contrasta con la celeridad y amplitud con que se aprobó la norma para homosexuales, mientras a la vez hay miles de niños en el INAU que esperan ser parte de un hogar normal.
Paralelamente, sin entender otras razones más que las propias, como en el proyecto anterior, el oficialismo aprobó con sus votos en el Senado otorgar al presidente Tabaré Vázquez la facultad de disponer el traslado de los  restos del general José Artigas  desde el Mausoleo al Palacio Estévez de Plaza  Independencia, simplemente porque el monumento fue construido por la dictadura, sin reparar a la vez que este edificio fue incorporado como Casa de Gobierno por el régimen dictatorial del Coronel Lorenzo Latorre.
Se trata, evidentemente, de una movida de neto cuño político-partidario, sin ningún argumento más o menos atendible, salvo la voluntad presidencial y de la sus lergisladores de aceptarla sin fisuras, también por razones de imagen.
Por  supuesto, estamos ante una visión hemipléjica, pues por otro lado se sigue utilizando la energía eléctrica que generan Salto  Grande y Palmar, construidas durante la dictadura, como así también otras obras del gobierno de facto, y  se aceptan como válidos por ejemplo títulos profesionales otorgados por instituciones que funcionaron durante la dictadura, así como pasividades y otros actos que de ser revisados con este mismo criterio, darían lugar a un caos de consecuencias imposibles de prever.
Es decir que estamos ante medidas irracionales, producto de visiones distorsionadas de la realidad, ideologizadas y por lo tanto cuestionadas seguramente por la mayoría de la ciudadanía, cuya opinión en este caso no parece interesar al gobierno, tan afecto a los plebiscitos y a promover la participación popular, pero solo cuando percibe que le puede ser favorable.