Opinion | 18 Sep Aunque pocos pueden dudar a esta altura que la iniciativa privada es el motor de la economía y el desarrollo, el Uruguay desde hace décadas está sometido a fuertes presiones de grupos corporativos enquistados en el Estado que han logrado ir acumulando poder que en ciertos extremos llega a la extorsión y el chantaje hacia el gobierno de turno, para que sean satisfechas sus reivindicaciones bajo el manto de “justos reclamos”. Ello en esencia significa que todo el resto de los uruguayos deberá sacar de sus bolsillos un poco más para sostener beneficios e inamovilidades que a la vez no son retribuidos con un mejor servicio ni mucho menos productividad.
Existe una marcada diferencia entre la gestión del Estado y la de los privados, desde que ésta solo puede sobrevivir en base a su dinámica, la búsqueda de la eficiencia y la productividad, que son a la vez premisas para la subsistencia de la empresa en un mercado de libre competencia. El humorista político, escritor y periodista norteamericano P.J. O’ Rourke decía al respecto que “cuando un ente privado no produce los resultados deseados, uno se desprende de él; pero un ente público se agranda.
Lamentablemente, en Uruguay se mantienen creencias divulgadas y exacerbadas por la dirigencia sindical y sectores de izquierda que promueven la vigencia del intervencionismo y peor aún, la omnipresencia del Estado en áreas de actividad, metido a empresario como proveedor de empleo seguro, a despecho de la viabilidad o no de la empresa, que en este caso por ser estatal solo puede concebirse en un marco de monopolio porque no resiste la competencia de la gestión en manos privadas.
Pero en un Estado moderno, que debe administrar eficientemente los recursos que proveen los sectores reales de la economía, su rol debe ser el crear condiciones para captar inversiones y promover el desarrollo en áreas estratégicas y a la vez ocuparse de atender sectores en los que el privado no actúa por la ausencia de rentabilidad.
En caso contrario, como ocurre en nuestro país en forma crónica, se requiere detracción de recursos desde el sector privado para sostener su funcionamiento y para a la vez ocuparse de áreas vitales como la educación, la salud pública, la defensa, la financiación de planes de apoyo a sectores sociales, sin descartar que se subsidien actividades en forma temporal, por razones de interés general, y con las miras puestas en que puedan evolucionar hasta hacerse sustentables.
En Uruguay no es nada fácil desterrar la cultura del Estado benefactor y de la búsqueda del empleo público de por vida, que asegure un puesto inamovible e ingresos más o menos decorosos en promedio, con muy poco esfuerzo y productividad, por cierto.
Ello explica que la gran mayoría de los uruguayos piense en el empleo público como factor de seguridad y sin mayores exigencias.
Ocurre que la alta carga de la plantilla laboral estatal es a la vez una seria condicionante para el desarrollo de la actividad privada, desde que en las buenas y en las malas, cuando puede y cuando no, igualmente debe aportar para sostener el funcionamiento del Estado también en las áreas en las que no debe estar, y este es el aspecto que debe estar en discusión para realmente situar en sus verdaderos alcances la reforma del Estado sobre la que tanto se habla y sin embargo se hace tan poco.
La actividad privada debe extremarse para sostener este esquema tanto en bonanza como en crisis, donde además no hay variables de ajuste que no pasen por el cierre de la empresa y/o medidas que afectan al trabajador, como reducción de horas, envío al Seguro por Desempleo y despidos que en cambio no se dan dentro del Estado, que puede darse el lujo de mantener en producción a pérdida y durante años las cementeras de Ancap --porque los competidores privados producen más barato-- e invertir todo lo que sea necesario en emprendimientos como ALUR, cualquiera vaya a ser su resultado, porque al fin de cuentas siempre podrá apelar a los recursos de todos los uruguayos para financiar las pérdidas.
En tiempos electorales difícilmente haya candidatos que definan líneas de propuestas que afecten de una u otra forma el statuo quo que condiciona en alto grado la posibilidad de una victoria electoral cuando hay tantos intereses contrapuestos en juego, pero indudablemente debería primar el interés general, cuyo concepto igualmente no va a ser aceptado por quienes se sientan amenazados, aún en una posibilidad muy remota, como ha ocurrido en plebiscitos que resultaron aprobados simplemente tras campañas realizadas en base a eslóganes.
Este es un escenario que presenta un desafío para el próximo gobierno, cualquiera sea el partido que acceda al poder, porque de una vez por todas debe asumirse que no es posible sostener una gestión de gobierno en base a eslóganes y voluntarismos, si es que queremos tener algún futuro.