Opinion | 21 Sep América Latina y el Caribe tiene 52 millones de hambrientos, seis millones más que en 2008. Esto a pesar de vivir en una región que, con menos de 10% de la población mundial, tiene 15% de las tierras del planeta utilizadas en agricultura, 33% de los recursos hídricos renovables, cultiva 30% del total global de oleaginosas y produce 21% de la carne de ave y 26% de la bovina.
Según el secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), José Rivera Banuet, la región “presenta una contradicción, porque cuenta con recursos, tierras, aguas, energía, elementos para sostener una producción amplia y suficiente y, por contraste, tiene zonas con insuficiencias crónicas de alimentos”.
Representantes de los 27 estados miembros del SELA señalaron en la Reunión de Consulta y Coordinación sobre el Precio de los Alimentos y la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe, que el desafío de estos países “supone incrementar la oferta, aumentar la productividad, incorporar a las poblaciones vulnerables y favorecer el correcto funcionamiento de los mercados agrícolas locales, dando prioridad a las cooperativas y a los pequeños y medianos productores agrícolas”.
El SELA pidió fortalecer los demás esquemas, programas y redes de cooperación regional en materia de seguridad alimentaria y desarrollo agrícola, sea de intercambio de insumos, uso de laboratorios, mejoramiento de semillas, desarrollo de variedades resistentes o bien para protección de consumidores pobres y vulnerables.
Se podría pensar que el hecho de que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se autoproclamen populares, tendría como consecuencia una mejora en la calidad de vida de los latinos. No obstante, una necesidad tan indispensable como la alimentación, no es satisfecha y uno de cada diez latinoamericanos se acuesta todas las noches con hambre.
Como las palabras se las lleva el viento, también se lleva consigo las promesas de distribución de riquezas y de vida digna de la población, permaneciendo la escala de los precios de los alimentos básicos y un sistema impositivo que golpea duramente al ciudadano más desfavorecido, con impuestos que dificulta el acceso a la alimentación. Población con hambre, niños desnutridos, continúa siendo una realidad que los gobernantes latinoamericanos se niegan a reconocer y, por ende, difícilmente lograrán acabar con la problemática o, por lo menos, reducirla.