ESCRIBE EL DR. RODOLFO CANABAL

Locales | 22 Sep El tema, muy conocido, ya había motivado hacia comienzos del mes anterior que se le analizara en esta columna, pero recientes expresiones que han trascendido, emitidas por el Presidente de la República, inducen a volver al tema tan importante. En opinión del Dr. Vázquez lo que es menester hacer es, simplemente, que el Presidente Zelaya sea restablecido en su cargo.  
Quien fue elegido Presidente de Honduras de acuerdo con el régimen emanado de su Constitución, en los últimos comicios realizados, Manuel Zelaya, estaba  inicialmente ajustado a directivas de centro-derecha, pero luego las cambió profundamente; asimismo,  en un régimen en el  cual está prohibida  la reelección presidencial inmediata, o sea  de quien está en el ejercicio del cargo, el Presidente Zelaya agregó al señalado y  sorpresivo giro a la izquierda de sus directivas políticas, gran ambición por la continuidad en el ejercicio del cargo de Presidente,  pues procuró lograr su reelección como tal, contra lo que la Carta vigente de 1982  expresa y severamente consagra en sus disposiciones. En efecto: además de  la prohibición reeleccionista,  adicionalmente se prescribe que, en caso de quebranto de la norma respectiva,  la mera proposición de su reforma  determinará que aquél que la vulnere o que proponga reformarla, y quienes apoyen dicha pretensión directa o indirectamente, cesarán en  sus cargos y serán inhabilitados por diez años para el ejercicio de las funciones de índole pública.
En el caso relativo a las actitudes del Presidente Zelaya se dieron los siguientes hechos que se indica sintéticamente: relevó al Ministro de Defensa y al Jefe del Ejército, hechos que suscitaron una crisis muy grave, pues la Justicia le ordenó su reposición en sus cargos; además el Presidente  llamó a un referéndum para revalidar su poder, pretensión que no  fue aceptada por el Congreso, donde no contó siquiera con el apoyo o defensa  de diputados de su partido. Adicionalmente el Parlamento adoptó la decisión de apartarlo básicamente de sus funciones, con el apoyo del Poder Judicial. Ambos poderes, Legislativo y Judicial, acudieron ante los mandos militares para pedirles que el nombrado Presidente fuera depuesto y  desterrado; se encomendó de la Presidencia a un parlamentario, el cual,  según quien escribe tiene entendido, es precisamente quien tenía la alta función de ocupar la presidencia del Poder Legislativo.
Tal como hemos sustentado, se debe considerar como bien fundada la preocupación de la comunidad de los Estados americanos por tal hecho acaecido en uno de los países que la integran, en actitud que, en general, se ha calificado como destitución por la fuerza de quien había sido elegido en elecciones regulares dentro de las normas jurídicas, Constitución y ley, en vigor; ello se ha  calificado como “golpe de Estado” por serlo  ciertamente.
Sin embargo se debe considerar que es equivocado el criterio que ampliamente ha prevalecido en tan grave caso, de considerar que el mismo se debe  resolver pura y simplemente mediante la reposición del presidente Zelaya en el  cargo del cual se le apartó mediante el empleo de la fuerza; ello así se entiende porque no es pertinente analizar la situación creada como si fuera una mera y simple utilización indebida de la fuerza.
En efecto: lo exacto es que existieron actitudes del presidente Zelaya que fueron muy claras violaciones constitucionales, que generaron una situación de importante enfrentamiento ante  los demás  poderes, legítima y constitucionalmente constituidos, que tuvieron tremenda trascendencia política. Y sobre tal base se debe entender que, obviamente, lo que la OEA debe denodadamente buscar es un acuerdo razonable entre todas las partes, tal como lo propuso el presidente Arias de Costa Rica, que asegure que el retorno de Zelaya se pueda lograr con la existencia de garantías eficaces que aseguren que ese retorno sea sobre la base de la plena vigencia de la Constitución, y dentro de un ambiente o clima de mutuo respeto. Sólo así se podrá restablecer debidamente el orden constitucional. Pero  no se dan ni remotamente tales indispensables condiciones, por lo cual la simple reposición de Zelaya es seguro que no traerá por sí sola resultados positivos, sino que más bien agravaría el conflicto, algo que afirmamos con profunda convicción.