Locales | 20 Sep Respecto a lo ocurrido en el plenario de la Junta Departamental, en que se consideró pero no aprobó la anuencia solicitada por la Intendencia para la venta de dos bienes inmuebles céntricos, ubicados frente a plaza Constitución, la edila Nilda Belvisi del Partido Colorado, también solicitó un mayor plazo para el análisis correspondiente. “No es menor la observación que hacemos al procedimiento que usa la Intendencia para enajenar y tanto es así, que debió recurrir a más de un asesoramiento legal especializado que en definitiva le indiquen que no se cumple con la normativa legal vigente en licitación pública y deberá apelarse a la vía de la excepción”.
La edila dijo que estas consideraciones, respecto a la enajenación de los padrones 1.043 y 1.044 de la IDP, se basan en conceptos “de buena administración y en uso de la excepción prevista por el artículo 33º, inciso 2, numeral 3, literal I del Tocaf.
“Sabemos que Paysandú necesita inversiones y una profunda transformación en el área turística y hemos reclamado que el Ejecutivo asuma un papel preponderante para impulsarla. En ese sentido últimamente hemos acompañado con nuestro voto el emprendimiento del hotel de la costa y propuesto mejorar la zona de influencia del mismo”.
Belvisi sostuvo que “los terrenos que hoy el Ejecutivo pretende enajenar fueron adquiridos al Banco de la República hace más de 25 años, con el propósito de construir un hotel.
En este caso concreto se solicita la enajenación por un ‘llamado a interesados’ sin licitación pública de los terrenos de propiedad municipal, ubicados frente a plaza Constitución para construir e instalar una sala de juegos o casino”.
Discrepancia
La edila del Partido Colorado aseguró: “no concordamos con el procedimiento de enajenar un valioso bien municipal que se aparta de las garantías y transparencia que hubiese dado una licitación pública, que obligan las disposiciones legales vigentes. Se apartará de ello para ir por la vía de la excepción por la urgencia” (ver recuadro adjunto).
“Según informe del catedrático consultado por el Ejecutivo, el artículo 33º del Tocaf establece como solución de principio que todo contrato se celebrará por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos. Sin embargo se consagran ciertas excepciones y la única que podría aplicarse al caso es la incluida en el literal I: ‘cuando medien probadas razones de urgencias no previsibles o no sea posible la licitación o remate público, deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal como los precios y condiciones que correspondan al mercado’ y dispone para las intendencias municipales que dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas de la República”. “La actual administración municipal -agregó Belvisi- nos contrapone en esta oportunidad un proyecto que merece nuestro apoyo por ser de interés para Paysandú, con urgencias que bajo su responsabilidad lo conducen por procedimientos excepcionales en perjuicio de mayores garantías y trasparencia”.
Finalmente afirmó: “no estamos de acuerdo en algunos aspectos con el destino que se le pretende dar a lo que se obtenga por la venta en cuestión. Creemos que ese dinero debería destinarse fundamentalmente para infraestructura turística en termas de Guaviyú y Almirón. Atendiendo al exiguo plazo que la Junta ha tenido para la toma de decisión del asunto entrado con fecha 7 de setiembre en curso, es que sugerimos un mayor plazo para el análisis de este asunto que redundaría en encontrar soluciones que involucren la diversidad de opiniones, para lograr un mejor proyecto para el desarrollo de Paysandú”.

Inversores sanduceros pueden pedir una prórroga
Se realizaría una sesión extraordinaria de la Junta Departamental, dado la perentoriedad de los plazos establecidos para la apertura de sobres de ofertas que se presenten a la licitación pública internacional 2/2009, lo que está previsto ocurrirá el miércoles 30 de setiembre, acorde a lo resuelto en la convocatoria del Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Casinos. Exactamente el llamado a licitación pública internacional es “para la incorporación de salas de juego o existentes al sistema mixto de explotación de complejos turísticos, comerciales, deportivos o culturales, dentro de la República Oriental del Uruguay con excepción del departamento de Montevideo”.
En los argumentos manejados para el retorno a Comisión de Legislación así como la derivación a la Comisión de Turismo, para una consideración conjunta, se incluyó la posibilidad de consultar a los posibles inversores, lo que obviamente se enfrenta al inconveniente del tiempo disponible.
Esto llevó, a que el edil nacionalista Robert Pintos manejara la posibilidad de que el Gobierno Departamental de Paysandú, por vía oficial, solicitara al MEF, Dirección General de Casinos, una prórroga de 60 días para aquella instancia pública de apertura de sobres con ofertas.
Algo que a priori se consideró como improbable o difícil de concretar por ediles de la bancada frenteamplista.
Sin embargo, si el grupo inversor sanducero que -según se dijo en sala- está interesado en licitar la construcción y sala de juego o casino de Paysandú, puede solicitar la prórroga de la apertura de los sobres con ofertas.
Así está previsto en el artículo 6º del llamado a licitación pública internacional: “Cualquier adquirente del pliego (de condiciones) podrá solicitar a la Dirección General de Casinos la prórroga de la fecha de apertura de ofertas. La solicitud deberá ser presentada por escrito con 10 días hábiles de antelación a la fecha fijada para la apertura de los sobres, debiendo para ello constituir garantía de presentar luego una oferta responsable.
La solicitud se considerará denegada si su aceptación no se produjera dentro de los tres días siguientes a su presentación. El monto de esta garantía será de U$S1.000 y deberá depositarse junto con la solicitud de prórroga...”, para agregar más adelante que “en caso de que se presente tal oferta, el depósito será devuelto dentro de los diez días hábiles siguientes al acto de apertura”.
El pliego de condiciones para intervenir en esta licitación pública internacional tiene un costo de U$S3.000.