Opinion | 21 Sep Todo indica que cuando finalice la actividad parlamentaria, el 15 de febrero, las cámaras legislativas se irán con el “título” de haber sido las que más leyes han aprobado en la historia del país, superando las 755 que se sancionaron entre 1947 y 1951.
Si bien todavía se está a cinco leyes de quebrar este récord, aún restan sesiones extraordinarias para considerar otros proyectos de ley una vez transcurran las elecciones nacionales, por lo que tiene asidero este análisis, que a la vez indica que de las 750 leyes aprobadas hasta el presente, 494 tienen origen en el Poder Ejecutivo, 100 normas fueron propuestas por el Frente Amplio, 75 por la oposición y 81 proyectos de ley fueron redactados por todos los partidos políticos.
La diferencia en este período respecto a los anteriores radica en que el partido de gobierno gozó de una mayoría monolítica, factor a favor que en cambio no tuvieron los otros partidos que estuvieron en el gobierno a partir del retorno a la democracia, fundamentalmente, desde que debieron tejerse trabajosas coaliciones para poder contar con mayoría parlamentaria para aprobar determinadas leyes que ya tenían un origen controvertido.
Pero igualmente corresponde diferenciar drásticamente, sobre todo en este tema, la cantidad de la calidad, desde que un conjunto de leyes no necesariamente implica traducir a los hechos lo que pretende hacer el legislador, por iniciativa propia o recogiendo un planteo del Poder Ejecutivo, y mucho menos que las normas le lleguen directamente al ciudadano.
En muchos casos, además, hay normas que vienen a sustituir a otras que se considera obsoletas, que no han dado los resultados esperados o que recogen nuevas realidades y en muchos casos pretenden corregir errores y hasta situaciones negativas que se generaron precisamente por efecto de normas voluntaristas, irreales o que no tuvieron en cuenta una diversidad de factores que luego se constataron en la realidad.
Es decir que aprobar muchas leyes no significa que se haya hecho un buen trabajo parlamentario y ni siquiera un buen gobierno, desde que hay demasiados aspectos que inciden en esta valoración, la mayoría de las veces teñidas de subjetividad, porque quien opina lo hace generalmente en función de como le ha ido en la feria, y no a través de un procesamiento de hechos objetivos que son por cierto muy difíciles de hacer cuando están de por medio intereses y escenarios político-partidarios.
Pero en lo que sí hay consenso, por encima de opiniones partidarias y/o sectoriales, es en la sistemática pérdida de rigurosidad técnica en la tarea legislativa, que no es un problema solo de este ni de los anteriores gobiernos, sino de un deterioro sostenido de la preparación y formación de quienes ingresan al Parlamento para desarrollar la tarea legislativa, que por supuesto no es solo levantar la mano en los plenarios ni en las comisiones, sino participar activamente en la redacción de una ley, determinar sus reales alcances, su constitucionalidad, y las consecuencias reales que surgirían de su aplicación.
Es indudable, además, que en nuestro país sigue arraigado el concepto de que todo puede arreglarse a través de una ley, lo que es efecto y causa de voluntarismos que parecen satisfacerse tan pronto se aprueba una norma con determinados fines, sin hacer un seguimiento de si efectivametne se cumple y sobre todo si en la práctica hay medios materiales para hacerlo.
Es así que nos encontramos demasiado a menudo con normas que se aprobaron en su momento con el convencimiento de que serían un instrumento adecuado para determinados objetivos de beneficio general o parcial y que sin embargo nunca fueron llevadas a la práctica por ser inviable su aplicación, o porque los intereses en juego determinaron que quienes se perjudicaban por su instrumentación no la cumplieron y sobre todo porque tampoco hubo quienes se encargaran de fiscalizar que efectivamente se acatara la normativa.
Es decir que en realidad lo que se necesita, más que aprobar leyes encima de leyes, como si fuera cuestión de dejar todo cubierto en materia legislativa para que las cosas se solucionen por sí solas, es simplificar el ordenamiento legal, con sentido práctico, con asesoramiento técnico de expertos en materia jurídica, con los pies sobre la tierra, y luego establecer mecanismos ágiles y eficientes para hacer que se cumplan, como se hace en cualquier país en serio.