Opinion | 23 Sep Pese a que en el equipo económico de gobierno se ha descartado en más de una oportunidad que el país haya perdido competitividad, la realidad del sector exportador indica que efectivamente existen dificultades para competir con otras producciones que se ofrecen en los mercados con ventajas respecto a las que provienen del Uruguay, y ello no pasa solo por la escala de producción, que es precisamente uno de nuestros mayores problemas en comparación con las grandes economías.
Graciana del Castillo, doctora en Economía y experta en países en desarrollo, quien a la vez se desempeña en empresas consultoras internacionales, evaluó para el suplemento “Economía y Mercado”, del diario El País, que el escenario productivo del Uruguay presenta dificultades que tienen diversidad de orígenes que terminan afectando su competitividad, sobre todo porque hay costos internos que indefectiblemente se trasladan a la exportación y que son mayores que en los países competidores.
Al hacer referencia a este escenario, sostuvo que evidentemente “preocupa a cualquier inversor la pérdida de competitividad de Uruguay, debido a que los salarios son altos medidos en dólares en comparación con países con los que compite comercialmente”.
Amplió que los costos de la energía “son mayores que en el resto de la región”, en tanto la carga tributaria “representa un peso considerable, la conflictividad laboral es recurrente y el clima de negocios desalienta la inversión debido a las trabas burocráticas”.
A la vez se mostró sorprendida por el hecho de que la prensa nacional señalara este mes como hecho destacable que Uruguay fue el país que más avanzó en competitividad en la región por haber pasado del lugar 75º al 65º, “cuando en realidad ocupar ese puesto en un ranking de 132 países es bastante patético para una nación de ingresos altos y buena educación en comparación con otros países en desarrollo. Además, estaba en el lugar 54º de 125 países en el año 2005. Al incluir nuevos países en la muestra, muchos de ellos de Africa, Uruguay debería haber ido mejorando su posición, no empeorándola”.
Estos elementos comparativos indican que una cosa es la competitividad respecto a la región y otra con el resto del mundo, que ha evolucionado en forma diferente y puesto de relieve que hay costos que no están dando en la ecuación. En el caso de los exportadores tiene que ver con la caída persistente en el valor del dólar, que es un fenómeno mundial distorsionante, pero particularmente agudo en nuestro país, donde la divisa norteamericana alcanza su menor valor prácticamente en un lustro, mientras paralelamente, pese a que hemos tenido una inflación moderada en este período, se han acumulado aumentos de tarifas, precios y salarios que implican inflación y un consecuente traslado adicional de costos para quienes trabajan con las miras puestas en el mercado exportador.
Es cierto, como bien sostiene del Castillo, que si bien los salarios medidos en dólares son bajos comparativamente con los del primer mundo, lo que debería favorecer la competitividad, obra como elemento negativo la baja productividad laboral, la que por supuesto es muy baja en el sector estatal, pero que también deja que desear en el sector privado, lo que en principio podría atribuirse a elementos culturales y falta de incentivos que deberían existir en toda actividad laboral.
Por otro lado, emprendimientos nacionales que sustituyen productos de importación son cada vez más afectados por la caída del dólar, y consecuentemente compiten en desigualdad de condiciones, con creciente erosión de su competitividad por efectos de este desnivel en la relación del tipo de cambio, con evidente repercusión negativa en la fuerza laboral.
Y si bien nuestro país es tomador de situaciones internacionales a las que debe adaptarse, no es menos cierto que en el plano interno se debe estar a tono con los desafíos internacionales atendiendo aspectos como la alta presión tributaria, los elevados costos energéticos, y también tener presente que es preciso desarrollar acuerdos laborales que logren un equilibrio entre mejoras salariales y productividad, para beneficio de las dos partes de la relación laboral y su consecuente repercusión positiva en la producción de bienes y servicios.