Paysandú, Jueves 24 de Septiembre de 2009
Locales | 19 Sep Los trabajadores de la madera consideran que no han sido tenidos en cuenta por el Poder Ejecutivo en lo que refiere a su situación, desde que se ha reducido sustancialmente el número de horas trabajadas en el sector como consecuencia de la crisis internacional.
Esta problemática se da sobre todo en los departamentos de Paysandú, Tacuarembó y Rivera, que tienen las mayores implantaciones forestales en el país y a la vez cuentan con emprendimientos para el procesamiento de la materia prima.
En el caso de las empresas Weyerhauser y Urupanel, que ocupan cientos de trabajadores en Tacuarembó, los problemas en las exportaciones, sobre todo de tableros y contrachapados, han derivado en una merma significativa en el trabajo, que los trabajadores nucleados en el sindicato Soima han procurado paliar mediante gestiones para acogerse a los beneficios del seguro parcial.
Empero, hasta ahora las gestiones han resultado infructuosas y los dirigentes sindicales acusan a jerarcas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto por esta negativa, que les significa fuerte pérdida de ingresos, según manifestaron los dirigentes. Ambas empresas, que emplean a unos ochocientos trabajadores, comenzaron desde abril a reducir su jornada laboral con la consecuente pérdida de salario, lo que se ha mantenido con altibajos por espacio de cinco meses, sin que se llegara a la solución que se había planteado al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo manifestado por el secretario del Soima, Fernado Oyanarte, hay un “compromiso incumplido” del gobierno en cuanto a la que la crisis “no la va a pagar el pueblo” y acusa a funcionarios de la Administración Vázquez en el sentido de que no han cumplido con lo que manifestó en su momento el mandatario.
Subrayó que los trabajadores han perdido muchos jornales, y que en algunos casos han pasado de la pobreza a la indigencia, sin poder afrontar compromisos como el pago del alquiler y las tarifas de UTE y OSE.
La solicitud para acogerse al seguro parcial había sido presentada por las empresas en agosto, pero una comisión asesora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aconsejó no autorizar al organismo por entender que había sido presentada fuera de fecha.
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