Opinion | 28 Sep La “propuesta” del actual ministro de Industria, Energía y Minería, Raúl Sendic, respecto a incorporar un sistema de subsidio cruzado para hacer recaer el abaratamiento parcial de tarifas al sector residencial con cargo a los grandes consumidores es una muestra más de improvisación y de una perspectiva que considera que basta con tener buenas intenciones para que la vida resulte más fácil para todos, cuando en realidad deben buscarse siempre alternativas que vayan a más, a la superación, antes que pasar alternando cargas en unos y otros.
En este caso el ex presidente de Ancap y ALUR consideró que sería oportuno que el ente extendiera de cien a doscientos kilovatios la franja de tarifas a precio preferencial, con el fin de favorecer los consumos menores, solo que la idea es que a la vez se aumente la tarifa a los que consuman más de mil kilovatios hora, de forma de compensar la ecuación económica del ente. Pero claro, como no hay almuerzos gratis en la vida y siempre alguien termina pagando lo que se perdona a otro, la disyuntiva es discernir si efectivamente la única posibilidad es transferir costos de unos a otros, y que a la vez el ente se mantenga prescindente, sin hacer esfuerzos reales para que el costo de la electricidad resulte más barato para todos los consumidores a partir de una mayor eficiencia y acciones que resulten de beneficio general.
Por lo pronto, la idea de Sendic no ha caído bien en los grandes consumidores, que no consideran positivo que se cargue sobre ellos el costo adicional de 26 millones de dólares al año, que significaría extender por otros cien kilovatios el menor costo de la tarifa residencial. Así, el secretario ejecutivo de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industrial, José Luis Pou, indicó al diario El País que esta propuesta es ilegal, porque “la facturación de energía debe estar vinculada a los costos que implique dar el servicio”.
Consideró que “si desde el gobierno se quiere proteger a los más débiles, afectar a la industria que brinda el trabajo no es el término correcto. Si uno le sube a los grandes consumidores, lo que se logra es ser menos competitivo, disminuir la cantidad de personas y atentar contra las fuentes de trabajo”.
Subrayó asimismo que una persona que hoy está “colgada” consume cuatro veces más energía que una casa de clase media que sí paga sus impuestos, lo que pone de relieve precisamente el principio de que lo que uno no paga no sale gratis y que en realidad se lo está cargando a otros, por cuanto los asentamientos que cuentan con centenares de familias “colgadas” o con tarifa fija, en realidad multiplican enormemente su consumo y al fin de cuentas esta mayor demanda la pagamos todos los otros consumidores.
A la vez, Uruguay tiene la tarifa residencial más cara de la región y la industrial está algo por debajo de otros países del área, lo que podría dar pie al razonamiento del gobierno, pero en realidad el tema pasa por otros parámetros, que es el hecho de que si UTE realmente quiere abaratar la abultada factura a las familias tipo, debería empezar por rebajar los cargos fijos que aplica cualquiera sea el consumo, desde que entre cargo fijo, contrato de potencia mínima e IVA el consumidor paga 284 pesos por mes sin siquiera prender una lamparita.
El problema pasa porque ante la falta de generación nacional, el organismo debe comprar electricidad cara a los países vecinos, pero este esquema no es culpa del consumidor, sino de políticas equivocadas del ente en materia de generación, desde que además recién se está intentando incorporar energías alternativas para atender el crecimiento de la demanda, en tanto no hace mucho tiempo, sobre fines de la década de 1990, el ente puso en marcha planes para que “todo” fuera eléctrico en los hogares.
Por supuesto, llevar la rebaja a otros cien kilovatios en el consumidor medio es una medida positiva desde el punto de vista familiar, teniendo en cuenta la seria incidencia del consumo eléctrico en un hogar tipo, pero no es menos cierto que antes que “parches” deben buscarse esquemas sustentables para que todos paguemos menos sin afectar la competitividad de las empresas, que son las que realmente producen riqueza, porque las razones de los grandes consumidores también son atendibles y siempre la piola se termina cortando por lo más fino.
En suma, los 26 millones de dólares deben buscarse a través de un ahorro y racionalización en el funcionamiento de UTE en base a eficiencia y planificación, que debería buscar vender el máximo de electricidad posible en lugar de seguir cargando las tintas a consumidores de uno u otro extremo, para seguir actuando con la misma ineficiencia y prescindencia de siempre.