Opinion | 27 Sep Los uruguayos somos conservadores respecto a las nuevas tecnologías. A 30 años de la revolución informática que popularizó las PC en cada hogar y 50 de la masificación de las tarjetas magnéticas, Uruguay aún conserva la casi centenaria Credencial Cívica como documento indispensable para votar en elecciones nacionales. En tiempos en que el mundo se mueve hacia el voto digital, por acá todavía exigimos ese papelito en el cual se sella cada acto eleccionario en el que participa el ciudadano, mientras en todo este tiempo ni siquiera consideramos la posibilidad de unificar todos lo documentos personales –cédula de Identidad, Credencial Cívica, tarjeta vecinal para paso de fronteras, libreta de chofer-- en una tarjeta magnética o mejor aún con chip, con la cual se puedan realizar todos los trámites y en la que se conserven todos los datos de importancia como las multas de los últimos años, habilitaciones, etcétera. La tecnología existe desde hace décadas y a esta altura de los acontecimientos quizás brinda más seguridad que el papel, un sistema altamente ineficiente.
Sin embargo, en algunos ámbitos finalmente parece que estamos venciendo esa inercia hacia la modernización. Por ejemplo en paso de fronteras del puente Gral. Artigas se instalaron cámaras de seguridad controladas desde las oficinas centrales de Aduanas en Montevideo, tal como sugeríamos una opinión del 6 de julio de 2008. Como suponíamos que sucedería en aquella oportunidad, de esta forma se han detectado a la distancia ilícitos en plena ejecución. Quizás ésta, sea la explicación de que por ejemplo, la dirección de Investigaciones de la Policía sanducera detenga una camioneta con miles de prendas de contrabando y que sin embargo, pasó los controles del puente sin inconvenientes.
Pero existen otros infinitos cambios que el Estado y la Comuna podrían introducir en tecnologías. Por ejemplo, no hay excusas para que la Policía de Tránsito y los inspectores municipales continúen basando sus actuaciones en una libreta de papel y los datos que pueda aportar el conductor en infracción. Bastaría con que cada funcionario contara con un sistema de computadora con conexión inalámbrica –ya fuere un buen teléfono celular con la función adecuada, una palm, netbook con ADSL, o si se les ocurre una portátil del Plan Ceibal—en red con una base de datos actualizada para determinar fehacientemente si el vehículo en cuestión está al día en sus tributos, debe multas, si es robado, si corresponde el número de motor y carrocería, si su chofer tiene habilitación vigente. Todo en un instante y sin molestar a nadie. Pero ¿cuándo podremos contar con estos avances? Quizás el día en que alguien se ponga realmente a pensar en la eficiencia de la función pública.