BOTNIA

Nacionales | 03 Oct La Corte Internacional de Justicia (CIJ) cerró ayer las audiencias y dejó visto para sentencia a inicios de 2010 el largo diferendo entre Argentina y nuestro país por la construcción de Botnia. Con el fin de “enterrar de una vez por todas” las acusaciones de Argentina, Uruguay, que tuvo la palabra durante esta última jornada, arremetió contra su vecino por “falta de pruebas” que demuestren que la planta de la empresa finlandesa cause daños medioambientales. Paul S. Reichler, miembro del colegio de abogados del Tribunal Supremo de Estados Unidos, trató de echar por tierra todos los argumentos argentinos, negando desde una mayor presencia de dioxinas en el río Uruguay hasta los olores “nauseabundos” que Buenos Aires achaca a la actividad de la fábrica. “Argentina no ha suministrado ninguna prueba de que Botnia haya causado un aumento de dioxinas ni furanos”, sostuvo Reichler ante el tribunal, alegando que los peces hallados con estas sustancias en su organismo “son migratorios”, por lo que pueden haberse contaminado en otro lugar, “como en el Río de la Plata”.
De la misma forma, el abogado estadounidense relativizó el “olor a huevo podrido” que Argentina asegura se extiende hasta su localidad de Gualeguaychú. Desde la entrada en servicio de la planta, en noviembre de 2007, solo se han registrado “ocho incidentes de malos olores”, algo normal durante la entrada en funcionamiento de una pastera, que “solo puede disminuir a lo largo de los años”, dijo Reichler. Argentina registró por su parte 68 episodios pestilentes.
Ambos países dispusieron esta semana de dos días cada uno para rebatir los alegatos expuestos durante este período de audiencias, abierto el 14 de setiembre, cuando la delegación argentina afirmó que la fábrica estaba causando daños “irreversibles” al medio ambiente. El martes, último día de su refutación, Buenos Aires retomó su propuesta de que la pastera sea relocalizada “en un lugar donde cause menos perjuicios”, una medida que Montevideo juzga como “radicalmente desproporcionada”. A partir de ahora, los jueces deliberarán sobre el caso y su fallo es esperado en el primer trimestre de 2010. Ambas partes prometieron ayer que cumplirán con el veredicto.
“Me siento aliviado y orgulloso de haber probado ante la corte y el mundo el compromiso (de Uruguay) con el desarrollo sostenible”, declaró al término de la audiencia el representante de la comitiva compatriota, el embajador Carlos Gianelli.
“Entré confiado y me voy confiado”, insistió Gianelli, quien se dirigió al tribunal para que rechace la demanda argentina y reconozca el derecho de Uruguay a permitir la actividad de la fábrica.
“Es la peor pastera en el peor lugar. Hemos demostrado que (Uruguay) no cumplió las normas” del estatuto sobre el uso compartido del río Uruguay, “a pesar de que se ha jugado con juegos malabares”, consideró en cambio la embajadora argentina Susana Ruiz-Cerutti. “Lo que pedimos es que la planta deje de funcionar” en ese lugar, que se “desmantele o se recicle”, ese ya “no es nuestro problema”, aseguró a periodistas.