Opinion | 27 Sep La particular dureza y radicalismo con que la representación argentina presentó el último alegato ante la Corte Internacional de La Haya parece, más que un intento de justificar acciones y omisiones inexplicables para el derecho internacional, un intento contemporizador dirigido a los activistas de Gualeguaychú para demostrarles que su gobierno hizo todo lo que pudo en favor de su “causa” ambientalista y que a partir de ahora todo queda en manos de los jueces.
Lo que al fin de cuentas es una realidad que refleja a todas luces un exceso consentido, desde que el gobierno de los Kirchner justificó y apañó medidas indefendibles en un estado de derecho, como el corte por espacio de tres años de un puente internacional, en clara violación del Tratado del Mercosur, sin intentar siquiera una acción directa de la autoridad del gobierno central o provincial, como se ha hecho en otras rutas y puentes al cabo de unas pocas horas de interrumpir el tránsito.
Ocurre que una cosa es hablar para la tribuna, repetir verdades a medias o directamente falsedades, manejar datos al azar y repetirlos como si fueran una verdad inapelable entre los activistas u opinión pública desprevenida, que poner por ejemplo a Botnia como un ogro contaminador en Europa, donde hasta el último ciudadano conoce el especial cuidado de los finlandeses respecto a la seguridad de sus plantas en materia ambiental.
El poner como argumento determinadas cargas de materiales como metales pesados y algas en el río como una forma de contaminación originada en la planta de celulosa es ya no una distorsión clara de valores que se dan en varios sectores del curso, sino una valoración temeraria que puede ser manejada con algún éxito ante un pueblo ignorante, pero no ante un grupo de expertos analítico y que es de suponer no se dejarán arrear así nomás con el poncho por frases hechas y datos arrojados como si fuera un juego de dados.
Pero claro, no todos en Argentina se hacen los distraídos como para soportar tantas necedades juntas, y ya la cosa es distinta fuera de Gualeguaychú, donde además hay una mayoría silenciosa de la población que no es consultada y que condena la metodología de los activistas, que ya ha causado severos perjuicios económicos a la zona.
Y así tenemos que en zonas forestadas, como en provincias vecinas a Entre Ríos, no solo se hace una evaluación crítica de la postura de estos grupos de activistas, sino también del doble discurso en el que incurren junto con su gobierno populista, cuando pretenden “demostrar” que Botnia contamina, y guardan silencio cómplice respecto a las miles de toneladas anuales de plaguicidas y otros productos que van a dar al río Uruguay desde campos que son atravesados por cursos de agua que desembocan en el “paterno”.
Voceros de la Asociación Forestal Mesopotámica (Afome), que reúne a productores madereros de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, subrayaron al diario bonerense La Nación que Argentina contamina el río Uruguay mucho más que Botnia, teniendo en cuenta el vertido de productos que se utilizan en plantaciones de cítricos, frigoríficos “y otras industrias cuyas aguas se vuelcan al río Uruguay”.
A la vez fustigaron duramente los argumentos de la delegación argentina en La Haya, a los que consideran “carecen de rigor científico, no se ajustan a la realidad y se corre el riesgo de constituir un verdadero papelón”, lo que a esta altura parece importar poco y nada a la Administración Kirchner, que ya está metida hasta el cuello en este entuerto por dejarse arrastrar por la radicalizada asamblea de Gualeguaychú.
Es que precisamsente cuando hay de por medio tanto delirio y fundamentalismo lo menos que podría esperarse de un gobierno que debe velar por el interés general y la imagen de un país, es poner la mínima cuota parte de sensatez y autoridad para establecer los límites claros de hasta donde se puede llegar cuando se vulneran los derechos de los demás.
Este es precisamente el déficit de “cintura” que ha puesto de relieve el gobierno del vecino país, que lo ha llevado a meterse en un corsé del que no ha tenido habilidad ni voluntad para zafar, víctima de su propia soberbia y compromisos políticos que lo han dejado preso de sus continuos desaciertos.