Locales | 04 Oct Acerca de la inseguridad ciudadana y sus
múltiples causas
La reciente reunión de vecinos y posterior difusión pública de sendas notas al señor presidente de la República y al señor ministro del Interior, me sugiere algunas reflexiones. La motivación fue intercambiar ideas acerca de la inseguridad en que vivimos, la actuación de la Policía y la Justicia al respecto y la responsabilidad que les cabe a una y a otra (y aún al Poder Legislativo) en este estado actual de cosas.
Luego de concurrir a la reu-nión en la que participé y di mis puntos de vista (llegando incluso a relatar alguna experiencia personal), quedé -no obstante- con la impresión de que mis conciudadanos partícipes de la misma, si bien justificados en su legítimo interés en poner de manifiesto el problema y buscar soluciones, de a ratos parecían ocuparse del árbol (o la maleza) sin levantar la mira para ver el extenso bosque circundante en toda su compleja dimensión.
Soy médico veterinario, adulto mayor y algo he vivido y aprendido que me permite aquilatar las cosas de la vida con la experiencia que otorga el paso del tiempo. No soy profesional del Derecho y muchas veces tengo que pasar por las opiniones de amigos profesionales de esa rama del saber que muy frecuentemente comparto. Mi único hermano es abogado, pero no ejerce la profesión ni vive de ella porque no cree en la Justicia. Quizás comparte la posición del hermano de un amigo, quien sostiene que en el Uruguay de hoy “el Poder Judicial opera en contra de la Justicia”.
Si bien es cierto que la permanente situación de inseguridad en que vivimos inmersos tiene origen en una interminable seguidilla de hurtos, rapiñas y aún copamientos que se sufren a diario en todos los puntos del país, la responsabilidad de este estado de cosas no es solamente de los “chorros” o “rastrillos” ni de los humildes agentes policiales (“botones” en el léxico carcelario), cuya función es prevenir dichos ilícitos y dar captura a los delincuentes cuando algún delito se perpetra, sino que debe verse, por sobre todo, como la consecuencia de las graves crisis institucionales y de valores que se viven en el país.
Si pretendemos imputar la responsabilidad a la Policía, dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, deberíamos observar primero quiénes son los que “van al frente” en cada caso; luego, sobre quiénes pesa realmente, en primer término, la obligación de responder y qué grado de respaldo tienen los funcionarios actuantes de sus jerarcas y del Poder Judicial.
Si elevamos un poco la mira y enfocamos al Poder Judicial en su funcionamiento, pasa a un primer plano lo que la sociedad entiende como un correcto proceder de los buenos jueces, esos a quienes, por decirlo con palabras que recogiera el jurista Santiago Sentis Melendo, “el Derecho no les impide hacer Justicia”. Pero el Derecho es una ciencia cuyos fundamentos últimos el lego desconoce y entonces no se trata de que se juzgue a las personas como al hombre de la calle le parece que debe impartirse Justicia, sino de acuerdo con lo que establece la Ley, de acuerdo con los valores que prestigia nuestra sociedad organizada jurídicamente, en pos de los fines que deben perseguir las instituciones de la República.
Y si por último dirigimos nuestra atención al Parlamento, hacedor de leyes, que muchas ha dictado en este último período de gobierno, debemos analizar necesariamente los motivos de inspiración y los fines que persiguen nuestros representantes políticos cada vez que legislan sobre una materia determinada y, en particular en lo que concierne a nuestro tema, en relación a la seguridad de personas y bienes.
Si intentamos entender cómo funciona globalmente en su conjunto todo este sistema quizás veremos que, prestigiando en todo momento un desmesurado asistencialismo social que apunta sobre todo a favorecer a determinados sectores marginales, a quienes (pasemos ahora al lenguaje tanguero) “la vida les ha hecho mal”, y a partir de allí, con un populismo demagógico que ya no se aguanta y que a todas luces sólo persigue conseguir buena prensa y reunir votos, todos los exabruptos y clementes concesiones que se permiten y otorgan a rastrillos, chorros y demás parecen hallar justificación.
Nuestra sociedad está enferma, padece una severa crisis de valores y una seria ausencia de la autoridad a la hora de poner las cosas en su lugar, sea en el plano que sea. Así seguimos viendo que siempre la piola se corta por lo más fino, que prestigiando un populismo demagógico que -como dijimos- ya no se aguanta, se toleran sistemáticamente los más graves atropellos contra la seguridad y propiedad y que a la hora de hacer efectivas las responsabilidades contra los responsables (valga la redundancia), ello difícilmente se hace posible por la interferencia de los corporativismos, amiguismos y demás “ismos” (proteccionismos, favoritismos, clientelismos, etcétera), que sólo buscan, temerosamente, hacer quedar bien a nuestras cada vez más claudicantes instituciones frente a la sociedad, a través de la prensa. De ese modo justifican los desmanes de los que, por tener patente oficial de desvalidos, parecen tener licencia para matar con la inoperancia connivente de los que están llamados a actuar para preservar las leyes y valores que prestigia el cuerpo social. Afortunadamente parece haber surgido en nuestra ciudad el germen de una organizada reacción, la cual si levanta la mira y apunta correctamente para hacer blanco donde se tiene que pegar, contribuirá a restablecer la justicia por la que se está clamando, donde indudablemente hace rato está faltando. En caso contrario, sólo se tratará de un inútil dispendio más de tiempo, energías y dinero que solamente tendrá, de aquí a cierto tiempo, nada más que un simple valor anecdótico. CI 1.004.924-4