Opinion | 05 Oct Cuando llega la hora de rendir cuentas ante la ciudadanía y/o pedirle el voto, el común denominador de gobernantes y candidatos ha sido el abstenerse de formular propuestas que puedan resultar controvertidas o ser mal interpretadas por amplios sectores de la población que se sientan amenazados por cambios no siempre bien explicados y menos aún entendidos.
Por lo demás, aunque muchos puedan entender que se promueve el interés general y que están ante lo que se presenta como una solución para el futuro cercano, el ciudadano medio tiende a pensar en su “chacrita”, en lo que le atañe directamente, y la eventual incertidumbre sobre lo que le pueda pasar a él o a sus seres queridos prima sobre el sentido de pertenencia al colectivo de un país.
Ello podría explicar parcialmente que haya prácticamente desaparecido de la campaña electoral, salvo menciones muy vagas, toda referencia a la mentada reforma del Estado, algo en lo que todos coindicen que hay que hacer, pero respecto a lo cual es notorio que no hay planteos serios ni mucho menos que generen algún consenso para hincarle el diente a una problemática que se arrastra desde hace demasiado tiempo.
Incluso el gobierno del presidente Tabaré Vázquez anunció urbi et orbi que lanzaba la “madre de todas las reformas”, la del Estado, y ha resultado por cierto la madre de todos los fiascos, porque el Estado, si algo ha cambiado, ha sido muy poco, por no decir nada, y peor aún, sigue costando sangre sudor y lágrimas a los sectores que crean la riqueza y que con gran esfuerzo ponen de sus bolsillos para sostenerlo.
Nos negamos a creer que la “madre de todas las reformas” signifique ampliar la aventura del Estado metido a (mal) empresario, como es el caso del emprendimiento sucroalcoholero en la zona de Bella Unión, que puede comprenderse resulte simpático en la zona beneficiaria de la inversión de Ancap, pero que representa que se vuelquen recursos aportados por todos los uruguayos, en una suma superior a los 70 millones de dólares, por si tienen algún retorno.
Y debería movernos a risa si no fuera un pobrísimo argumento, repetido una y otra vez solo para que cale en quienes no tengan la menor idea de lo que es la economía, que el complejo va a facturar unos 75 millones de dólares al año, como dijo en un acto en esa zona el mismísimo presidente Tabaré Vázquez.
Es más, podría facturar igualmente mil millones de dólares, porque facturar no significa lo mismo que dar ganancias o que siquiera empate la ecuación. Puede facturar 75 millones de dólares e igualmente perder diez o quince, si se termina vendiendo lo que se produce por menos del costo debido a la ineficiencia y/o enviabilidad.
Esta manera de decir verdades a medias, buscando el aplauso fácil, explica también por qué el Estado sigue siendo intocable y que no se aplique la madre de todas las reformas ni otra parienta cercana, por lo menos. Es que simplemente en este caso el gobierno del Frente Amplio tiene compromisos políticos con todas las organizaciones que resisten y seguirán resistiendo todo cambio que pueda generarles un mínimo de incertidumbre a los funcionarios y sus familias.
No es ninguna novedad, porque este factor hizo que obtuvieran mayoría prácticamente todos los plebiscitos que se promovieron para que no se pudieran asociar siquiera las empresas públicas, y hasta se hizo uno --que resultó también aprobado-- para que el abstecimiento de agua esté exclusivamente en manos del Estado, por si las moscas.
Con este tipo de mentalidad es impensable que el partido que está ahora en el gobierno, que promovió o fue cómplice de esos actos de irracionalidad, promueva alguna reforma del Estado que permita que éste deje de pesar tan gravosamente sobre la economía y en cambio se oriente, como debería ser, a actuar como catalizador de las inversiones, a crear condiciones para que volcar capital de riesgo al país sea promisorio, se recicle riqueza y se generen fuentes de empleo genuino.
El statu quo que se ha generado en este esquema perverso hace que los grandes beneficiarios de esta rémora estén en condiciones de detener, por la acción directa o por chantaje político, todo lo que apunte a cambiar este Estado. La única forma que se nos ocurre posible es por un gran acuerdo político, que se geste en un período distante de las elecciones siguientes, para acordar un esquema común de pasos a dar para una verdadera reforma del Estado y que sea llevada adelante por el partido al que le toque el gobierno, con el compromiso de sus adversarios de que sus legisladores lo voten en el Parlamento.
Pero claro, además del convencimiento de cada uno al respecto, se necesita un sistema político maduro y con actores que no solo piensen en la chacra propia y cómo les va a ir en la próxima elección, lo que por cierto aparece como un escenario muy distante del que tenemos en el Uruguay, donde se pone la marcha atrás cuando en otros lados se pisa en quinta el acelerador a fondo.