Opinion | 05 Oct No es sencillo disentir definitivamente con el espíritu que subyace detrás de las decisiones ju diciales que, contrariamente a lo que reclama un alto porcentaje de la sociedad, desestiman la privación de la libertad como penalización para los actos delictivos –mayoritariamente graves-- que cometen menores de edad. El sentido común indica que en tempranas etapas del desarrollo del individuo, nada resulta más contrario a la rehabilitación que la disgregación de su núcleo familiar y la institucionalización, proceso a menudo irreversible. Aunque en realidad en muchos casos, el “núcleo familiar” no existe.
Sin embargo, también es justo el reclamo de quienes con sus impuestos contribuyen al mantenimiento de un sistema de Justicia que debe velar para que sus derechos no sean violentados. Habrá quienes aleguen que nuestras leyes son arcaicas o simplemente desacompasadas a una realidad que sitúa a los menores de edad como protagonistas cada vez más frecuentes de violentos actos de delincuencia. Quizá sea cierto pero igualmente, ya sea desde la Justicia o desde otros ámbitos, no parecen vislumbrarse soluciones. De acuerdo a un relevamiento efectuado recientemente por “El País”, entre el 15 de julio y el 21 de setiembre del presente año la Policía inició en Montevideo procesos a 52 menores por delitos graves. De ese total, un fiscal solicitó la privación de la libertad para 38, pero en definitiva los jueces de turno enviaron a INAU solamente a 21.
Evidentemente la Justicia, como las altas jerarquías del gobierno, entiende que la institucionalización o la privación de la libertad no representan el camino más eficaz para la rehabilitación de los menores infractores. Pero tampoco parece una solución lógica devolver sin más trámites a estos adolescentes a la calle, cuando en muchos casos ya incurrieron en delitos como rapiñas e incluso homicidios. El trabajo de carácter social que –supuestamente-- lleva adelante esta administración para atacar las raíces de la delincuencia juvenil, aun no surtió los resultados esperados, pero la población, cada vez más preocupada por este tema, no puede esperar más. Si la privación de la libertad o la institucionalización no son el camino, entonces es tiempo de plantear alternativas viables y capaces de revertir, al menos en parte, esta preocupante situación.