Opinion | 30 Sep En breve se pondrá en funcionamiento una planta de generación eléctrica en base a biomasa instalada en Tacuarembó por el grupo empresarial Secco, Branáa, Tsakos y Conatel, cuya producción se destinará exclusivamente al suministro a UTE, para entrar en funcionamiento en breve, de acuerdo a lo manifestado por los empresarios al suplemento “Economía y Mercado”, del diario El País.
Se trata de un emprendimiento basado en energías renovables, en este caso de desechos forestales y cáscara de arroz, ubicado en las cercanías de Tacuarembó, en proximidades de las rutas 5 y 26, lo que garantiza un fácil acceso de la materia prima a quemar en la planta y una conexión a las líneas de alta tensión de UTE que pasan por el lugar.
Esta ubicación estratégica implica maximizar las ventajas comparativas de la región para obtener electricidad por energías renovables, y da la pauta de un potencial que se ha desaprovechado durante varios años, lo que por cierto ha costado muy caro al país ante la ausencia de políticas de Estado realistas y desprejuiciadas en esta materia.
En la planta de Tacuarembó, salvo equipos de alta tecnología como la turbina y el generador, todo el equipamiento ha sido desarrollado y adquirido en Uruguay, lo que por supuesto favorece el desarrollo de tecnologías locales y empleo de mano de obra en la instalación, lo que se agrega al personal permanente de planta y los empleos directos e indirectos en materia de transporte e infraestructura de apoyo.
La renovación de la matriz energética es un imperativo para el Uruguay, que tiene alta vulnerabilidad por no haberse acompasado la generación a la demanda, y además haberse incorporado generadores que queman derivados del petróleo sin haberse atendido debidamente el gran potencial de energías renovables con este fin, para un respaldo significativo. El ejemplo de Tacuarembó es lamentablemente una excepción en el esquema energético nacional, por cuanto pese a los enunciados y al alto costo de la electricidad que se compra a los países vecinos, se está incorporando energía en base a materia prima renovable por cuentagotas, comenzando por una licitación interminable de UTE, que comenzó hace casi tres años, se dividió en dos partes y apenas llega a unos modestos sesenta megavatios.
El punto es que estamos ante un déficit de generación que se hace crítico en épocas de sequía, como las que hemos atravesado recientemente, lo que determina la necesidad de generar con derivados del petróleo, encareciendo sensiblemente el costo, y encima en determinados períodos comprar energía aún más cara a nuestros vecinos, solo para encontrarnos con que recién se están dando los primeros pasos para el cambio de matriz y en particular con UTE dando muestras inequívocas de hacerlo de muy mala gana.
A esta altura nadie puede dudar que obtener electricidad por fuentes alternativas, y sobre todo materia prima renovable, como la energía eólica y la biomasa, es un tema de interés general, y que ya empatar la ecuación de lo que se paga por la electricidad nacional con el costo de la que se le compra a nuestros vecinos, es un negocio redondo para el país desde todo punto de vista.
Fernando Secco, presidente del grupo que instala la planta de Tacuarembó, reveló que el precio del megavatio hora con el cual la empresa comenzará a trabajar es más bajo que el que fue adjudicado por UTE en la licitación, debido a la paramétrica, lo que “es una realidad absolutamente inesperada, que confiamos que cambie pronto, pero propia del riesgo que asumen los emprendimientos”.
Y este es precisamente el punto: los inversores apuntan a la rentabilidad, como en todo emprendimiento de riesgo, y si el ente no establece estímulos reales para hacer viables estos proyectos se está ante la posibilidad de que tales antecedentes generen desinterés, como ocurriera ya en el marco de la primera licitación, cuando la empresa local Azucarlito figuró entre las que se retiraron de presentar proyectos por generación “firme” ante los topes dispuestos por el ente para el megavatio hora, que no estaba incluido en la licitación. Estos elementos hacen ver que es preciso afinar la coordinación entre los enunciados del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería y lo que realmente se hace en la materia, con UTE a la cabeza, para no seguir pagando el alto precio de la desidia y la improvisación.