Opinion | 06 Oct Recientes reflexiones formuladas a EL TELEGRAFO por el director del Instituto de Capacitación Inmobiliaria Uruguaya, Dr. Alfredo Tortorella, respecto a la problemática de la vivienda, analizada desde un punto de vista global y teniendo en cuenta el punto de visita de los operadores privados, nos plantea nítidamente que pasan los años y lejos de tender a solucionarse, persisten las dificultades para el acceso al techo propio o aún para alquilar de vastos sectores de la población.
Es decir que existen franjas de ciudadanos comprendidos en severas restricciones para acogerse a los escasos planes vigentes y se encuentran por lo tanto con alternativas muy limitadas, como es el caso por ejemplo de una familia de escasos ingresos que debe hacer frente al pago del alquiler mientras intenta lograr al mismo tiempo algún ahorro previo para eventualmente acogerse a planes de compra de vivienda recientemente puestos en marcha –puede olfatearse algún tufillo electoral en la oportunidad de la medida— cuando el costo de un arrendamiento supera muchas veces el salario de uno de los integrantes del núcleo o consume más de la mitad de los ingresos de la familia.
El punto es que en un mercado en teoría liberalizado, la oferta de viviendas es muy limitada, y se da incluso la paradoja de que el monto del alquiler que es muy caro para un trabajador promedio significa a la vez una rentabilidad muy problemática para quien tiene un capital invertido en una propiedad, y a la vez se encuentra con que la ley presenta dificultades para hacerse nuevamente del bien en caso de que quiera recuperarlo para su disponibilidad o ante incumplimiento.
Así, nos encontramos con que hay una oferta muy constreñida de unidades habitacionales para sectores de bajos y medianos ingresos, que son la mayor parte de la población, por un lado por los altos costos de construcción y de las ofertas de créditos para hacerlo, la demanda de garantías y condiciones para acceder, y por otro porque los ingresos no guardan relación con el valor de arrendamientos, al punto que en muchos casos el precio de un alquiler supera o es equivalente al que le saldría al inquilino el pago de un préstamo para construir o comprar una unidad, y en el caso de las cooperativas de vivienda, por supuesto el alquiler es aún mayor que la cuota.
Para agravar este panorama, por aplicación de la reforma tributaria el gobierno le ha errado de medio a medio al incorporar el Impuesto a los Alquileres para gravar a los propietarios, desde que lo que ha logrado, en un mercado liberado, es que éstos carguen al inquilino el costo del impuesto, por lo que contrariamente a lo que predica, la Administración Vázquez aplicó este impuesto contra el sector más débil de la ecuación, es decir el que no tiene vivienda, en un contrasentido que sin embargo no ha sido corregido pese a las enmiendas que se han introducido a la normativa vigente en otras áreas.
El aporte en política de vivienda de la presente administración ha sido a la vez muy magro para revertir este panorama, desde que ha quedado demostrado además que las 45.000 “soluciones habitacionales” pregonadas por el gobierno no ha sido la incorporación de nuevas viviendas --como se ha usado históricamente el término en nuestro país-- sino que se han contado como tales hasta materiales para arreglo de baños, las casas comprendidas en las calles que se han hecho o reparado para asentamientos y otra serie de “soluciones” que no implican atacar la problemática en sus raíces.
A esta altura ya ha quedado harto demostrado que el problema de la falta de viviendas, en todas sus posibilidades, se arregla solo con más viviendas, y para ello se necesitan planes a medida de la realidad, sin estereotipos, a mediano y largo plazo, apoyados con recursos que hasta ahora han sido retaceados y volcados a otros fines, pese a que hasta no hace mucho el Ministerio de Economía y Finanzas hacía alusión a que había “espacio fiscal”, que sin embargo se ha ido perdiendo en otros destinos.
Por supuesto, no es tarea de un solo gobierno, sino que debe ser un compromiso interpartidario y generar una política de Estado que hasta ahora ha estado ausente, en lugar de que cada gobierno venga con su receta, denostando y discontinuando alternativas anteriores, cuando el desafío debe ser siempre sumar, sin manejos políticos y a favor de la gente.