Opinion | 10 Oct De acuerdo a datos oficiales, gran parte del déficit fiscal de este año tiene su origen en el gasto de la generación eléctrica, es decir el costo adicional para UTE por efectos de la sequía, fundamentalmente, lo que ha llevado al ente a comprar energía a países vecinos, sobre todo a Brasil, a un costo que ha llegado hasta los 400 dólares el megavatio hora.
Pero estos valores puntuales a la vez se superpusieron a la necesidad de generar electricidad en usinas térmicas en base a derivados del petróleo, por lo que solo estamos ante picos para una generación promedialmente cara, que UTE a la vez solo trasladó parcialmente a los clientes.
Ergo, se ha estado subsidiando este costo adicional mediante fondos de Rentas Generales, con dinero de todos los uruguayos, que han pagado igualmente por vía indirecta –no tanto, en realidad—este mayor costo, desde que como sostiene el dicho, todos los tientos salen del mismo cuero, es decir en este caso del bolsillo de todos los ciudadanos, clientes o no del organismo.
A la vez, pese al subsidio, UTE aumentó recientemente el valor de las tarifas, sumando así costos sobre todo para los clientes residenciales y las empresas, lo que nos deja ante la paradoja de que aún con subvención, seguimos igualmente pagando electricidad cara respecto a los países de la región, pero sobre todo para el nivel de ingresos promedio de la población y la ecuación económica de las empresas.
El escenario de la generación eléctrica en nuestro país no da cuenta de un presente promisorio, pero tampoco es optimista para el futuro inmediato si realmente no se asume en toda su magnitud el desafío que implica no solo tener un adecuado respaldo de generación para atender el crecimiento de la demanda, sino también hacerlo por la vía de las energías alternativas de origen nacional y renovable, fundamentalmente el viento y la biomasa, de las que tenemos amplia disponibilidad pero sin que hasta ahora se hayan volcado las grandes inversiones con este fin.
Estamos ante un problema crónico en el Uruguay, porque se han sucedido decisiones contradictorias, como ha sido el caso del gasoducto subfluvial construido entre Paysandú y Entre Ríos por decisión del Directorio de UTE hace ya varios años, sin que haya sido puesto en funcionamiento, pese a los proyectos de plantas generadoras a gas natural que se manejaron en su momento, incluso para la exportación, lo que da la pauta de que no se ha seguido una política de Estado en materia energética, más allá de ser afectados por la inestabilidad regional, que determina que no resulte confiable contar con el gas argentino, y menos aún a partir del conflicto por la instalación de Botnia.
Pero también en el presente gobierno se han dado incongruencias y contradicciones, como es el proclamar por un lado la necesidad de incorporar electricidad por vías alternativas y paralelamente “estirar” por tres años una licitación, que todavía está en proceso, para incorporar apenas 60 megavatios en base a biomasa y energía eólica por UTE, pese a que el Poder Ejecutivo ha anunciado su determinación de acelerar este proceso y anunciado que para 2015 se contaría con 500 megavatios en energías renovables.
El Ing. José Luis Pou, ex director de la Administración del Mercado Eléctrico, (ADME), destacó a la revista “Economía y Mercado” del diario El País, que “hay un déficit energético estimado en unos 400 megavatios, que es muy preocupante sobre todo para el país que visualizamos, donde la demanda de energía eléctrica se incrementará un 7-8 por ciento anual dado el crecimiento previsible de las economías productoras de materias primas, como la uruguaya”, por lo que evaluó que esta demanda significa incorporar unos cien megavatios adicionales cada año.
No se necesita ser un experto para inferir que a este ritmo las soluciones encaradas por la actual administración no serán suficientes para satisfacer las necesidades de consumo, ni tampoco un suministro de energía eléctrica a precios razonables, sobre todo si se tiene en cuenta que se ha llegado a pagar hasta 400 dólares el megavatio comprado al Brasil. Pero incluso las centrales térmicas que se han incorporado también operan en base a petróleo, a un costo alto, por lo que todo indica que las alternativas válidas para el escenario en el corto, mediano y largo plazo pasan por estimular al sector privado para que desarrolle todo su potencial de generación eléctrica a partir de energía eólica y de biomasa para eliminar el déficit energético, en lugar de hacerlo por cuentagotas y con evidentes contradicciones entre lo que hace UTE y lo que anuncia el gobierno en la materia.