Paysandú, Domingo 11 de Octubre de 2009
Opinion | 08 Oct Según informó recientemente uno de sus integrantes, el Centro de Abordaje Toxicológico (CAT) -que funciona en el Hospital Escuela del Litoral- recibió más de 800 consultas en los últimos dos años, relacionadas al consumo de drogas legales e ilegales. El informante agregó que se reciben consultas de “pacientes de toda edad”, mayoritariamente masculinos, de entre 11 y 60 años. De los 38 pacientes que permanecen bajo tratamiento en el CAT –añadió- la totalidad consume alcohol y tabaco, mientras que entre los consumidores de drogas ilegales un porcentaje mayoritario se inclina por la marihuana, mientras que otros optan por la cocaína, la pasta base y otros alucinógenos o psicofármacos. La cifra más preocupante radica en un aumento en el consumo de pasta base, ya que si bien solo el 21% de las consultas se relaciona a la utilización de esta sustancia, este porcentaje era visiblemente inferior en 2008, cuando se situaba en el 5%.
Estos números confirman la creciente incidencia en nuestra sociedad de este peligroso estupefaciente, pero lo más preocupante es el impacto social que provoca. Sin contar los daños irreversibles para la salud –fundamentalmente en la población joven-, este verdadero flagelo de los tiempos modernos y de los países subdesarrollados destruye el entramado social, la familia y la vida de relación individual. Además, según admite la misma Policía, la pasta base se ha transformado en factor común en delitos particularmente violentos como rapiñas y copamientos, incidiendo directamente en la agresividad y temeridad de los delincuentes.
Si bien algunos analistas aseguran que nuestra ciudad se transformó en vía de acceso de la droga que circula hacia Europa, es evidente que parte de este tráfico es distribuido y consumido regularmente en nuestro medio. Esta situación nos obliga a estar alerta, tanto desde la Policía como desde los centros de educación y otros sitios donde pueden detectarse precozmente sus efectos. No se trata únicamente de un afán por penalizar el aspecto criminal de la cuestión, sino por tomar conciencia de que en esta batalla está en juego nuestro principal patrimonio: nuestros jóvenes. Y con ellos, el futuro del país.
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