Locales | 05 Oct Evaluó el Dr. Alfredo Tortorella que la mayor demanda por vivienda de menores dimensiones y calidad “se da tanto para el alquiler como para la venta. Para alquiler, yo diría que hay un fuerte corte en el mercado que está señalado por la cifra de 10.000 pesos en el caso de Montevideo, y bastante menos en el Interior, de unos dos o tres mil pesos menos. Por debajo de este tope hay mucha demanda, y se alquila relativamente fácil, porque en el Interior hay otra realidad de ingresos”.
“Por encima de este nivel ya se hace muy dificultoso alquilar, hay problemas con las garantías, la Ley de Arrendamientos es muy vetusta, tiene 36 años, y la realidad ha cambiando, como así también la sociedad y las normas deberían ajustarse. Ocurre que esta ley es una norma cautiva de los intereses políticos de los diferentes partidos que han pasado por el poder, porque es muy sensible, desde que nadie quiere meter el dedo en la llaga con esta ley, porque el hacer un ajuste significaría volcarse en contra a una masa importante de votantes”, acotó.
“Ello ha hecho que desde 1985, en que volvió la democracia, ningún partido haya querido ajustar esa ley, que hoy está francamente obsoleta y requiere un cambio importante para darle más cristalinidad y transparencia al mercado, rever el tema de las garantías, que es donde flaquea esta ley”, consideró.
“terminó perjudicando
al inquilino”
Amplió que “por un lado la ley ha pretendido en su filosofía original defender a los inquilinos y por otro lado los terminó perjudicando, porque el propietario se pone en una actitud de desconfianza, aumenta las exigencias y termina pagando las consecuencias quien quiere alquilar”.
“El problema fundamental son las garantías, porque el depósito para vivienda son cinco meses y es absolutamente insuficiente. Sí, alcanzarían los diez meses de industria y comercio, pero el problema grande es casa habitación. Este plazo es insuficiente para dar un desalojo, una intimación de pago, ya que el problema no es tanto la ley, sino lo que demoran los trámites judiciales, las prórrogas que los jueces graciosamente otorgan muchas veces para lanzamiento por mal pagador, sobre todo, porque si fuera otro tipo de razones quizás hubiera fundamentos humanitarios”.
“En países del primer mundo el desalojo por mal pagador demora menos de treinta días, y acá tenemos seis a siete meses y a veces hay que sumarle otros dos o tres meses de prórroga, por lo que se va a prácticamente un año y eso no puede ser, es meterle la mano en el bolsillo a la gente y jugar con el capital ajeno. Eso hace que no se respete esa ley, y los jueces muchas veces no la aplican con rigor y no es efectiva”, reflexionó el Dr. Tortorella.