Locales | 11 Oct “Decididamente el planteo nos genera mucha incertidumbre”, sostuvo la representante del Partido Colorado en la Junta Departamental, al evaluar el pedido de anuencia del ejecutivo comunal. En el caso al que hacemos referencia se solicita la enajenación por un ‘llamado a interesados’ --sin licitación pública-- de los terrenos de propiedad municipal; para construir e instalar una Sala de Juegos o Casino”.
“En relación al hotel, el proyecto a presentar en la Dirección de Casinos podría incluir un hotel ya instalado o se construiría un hotel, no sabemos dónde, pero sí podemos asegurar que la Intendencia Departamental no puede incidir en esta decisión. Y que también el proyecto podría ser un complejo comercial, deportivo y/o cultural”, evaluó.
“Por otra parte, no concordamos con el procedimiento de enajenar un valioso bien municipal, cuyo trámite se aparta de las garantías y transparencias que hubiese otorgado una licitación pública a la que obligan las disposiciones legales vigentes. Se apartará de ello para ir por la vía de la excepción por la urgencia”, consideró Belvisi.
Descartó asimismo que pueda aplicarse en este caso la vía de la excepción, prevista en el texto de ordenamiento administrativo Tocaf, que establece que todo contrato se celebrará por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos. Sin embargo consagra ciertas excepciones, y la única que podría aplicarse al caso en consulta es la incluida en el literal I) ‘cuando medien probadas razones de urgencias, no previsibles o no sea posible la licitación o remate público y deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causa como los precios y condiciones que corresponden al mercado’ y dispone para las Intendencias Municipales que dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas”.
“La Administración Municipal contrapone así, un proyecto que merecería nuestro apoyo por tratarse de una inversión, pero que no está signado de las seguridades que nos convenzan para comprometer parte del patrimonio municipal y que nos brinde la certeza de los beneficios que pudieran producir para Paysandú”, reflexionó.
“No es menor la observación que hacemos al procedimiento que usa la Intendencia para enajenar, y tanto es así, que debió recurrir a más de un asesoramiento legal especializado que en definitiva le indican que no se cumple con la normativa legal vigente en licitación pública, y deberá apelarse a la excepción”, señaló.
“En esta solicitud de anuencia existía gran incertidumbre en el destino del bien propiedad de la Intendencia, en un lugar privilegiado y único”. “Las notorias debilidades en este caso están fundadas en que la Dirección General de Casinos hace un llamado que obviamente satisface sus necesidades y objetivos y que el Ejecutivo Departamental cede a esa Dirección de Casinos la decisión final, renunciando a sus legítimas potestades comprometiendo los intereses de Paysandú y su estrategia de desarrollo turístico”, concluyó la edila.