Opinion | 12 Oct De acuerdo a un trabajo de investigación sobre la calidad de los registros médicos impulsado por el Ministerio de Salud Pública y cuyos resultados definitivos se conocerán en pocas semanas, el 90 % de los pacientes uruguayos no cuentan con una historia de apertura, el 39% de estos documentos es ilegible y en ellos se constata la falta de registros de procedimientos de rutina. Uno de los responsables de esta auditoría, Mario Godino, dijo a “El País” que la falta de registros impide al médico efectuar una mejor consulta y un diagnóstico más acertado. El estudio se realizó en 52 policlínicas públicas y privadas de todo el país, en un total de 2.800 historias clínicas. Además, la costumbre de confeccionar historias con letra manuscrita plantea el dilema de la legibilidad, circunstancia que justificaría la digitalización total de los registros, aunque también existen posiciones encontradas respecto a la efectividad de estos procedimientos.
En Paysandú, como en todo el país, la disponibilidad de las historias médicas y el derecho de los pacientes de acceder a esta información ha sido objeto de controversias. Pocos usuarios saben a ciencia cierta hasta dónde llega la obligación de las instituciones de brindar irrestrictamente la documentación, lo que configura un vacío de información que lesiona el derecho de los pacientes.
En un contexto donde los procedimientos y la calidad de los datos contenidos en las historias son objeto de revisión, sería importante que desde el Estado y los prestadores privados de Salud, se promueva una campaña informativa respecto a los derechos y deberes de los usuarios en lo relacionado con la información asentada en sus historias clínicas, así como a los tiempos legales para brindar la documentación.
Más que en otros ámbitos, la agilidad con que los usuarios accedan a su historia clínica, así como la calidad de los registros, pueden resultar determinantes a la hora de tomar una decisión, buscar alternativas o plantear reclamos. Cantidad y calidad de información forman parte de los derechos de un usuario uruguayo poco proclive a reclamar, pero que debe cambiar de actitud en aras de un país más libre.