Policiales | 17 Oct Trascendieron nuevos detalles acerca de la fallida incautación de casi 4.000 kilos de pescado por personal de la Seccional Segunda. El procedimiento demostró el nivel de depredación del recurso por parte de empresas extranjeras y pescadores inescrupulosos, pero también la inoperancia de los organismos encargados de la fiscalización.
El procedimiento, según nueva información extraoficial, se llevó a cabo hace aproximadamente una semana en horas de la madrugada, en la zona sur de Joaquín Lencina, próximo al colector. En ese momento, efectivos de la referida seccional que patrullaban el área observaron a un camión que se desplazaba hacia el norte proveniente de la costa del río. Ante lo sospechoso de la maniobra, detuvieron al vehículo y constataron que se trataba de un Mercedes Benz con furgón cerrado, ocupado por una sola persona. Al inspeccionar el furgón descubrieron que no se trataba de un compartimiento refrigerado, pero igualmente estaba repleto de bandejas plásticas con alrededor de 4.000 kilos de pescado de río, de diferentes especies y tamaños, conservados con trozos de hielo. Se trataba de bogas, patíes, sábalos, carpas, pejerreyes, lisas, mochuelos y dorados, especie cuya pesca está vedada desde setiembre y hasta febrero.
Le solicitaron documentación al chofer, pero éste no llevaba habilitación bromatológica para el transporte de alimentos ni las boletas que acreditaran la procedencia del pescado. Policía Técnica documentó la incautación y la Justicia dispuso la incautación preventiva, tanto del vehículo como de la carga, la que debió ser almacenada en instalaciones policiales y privadas.
Empresa brasileña
Las primeras averiguaciones determinaron que el camión cumplía servicios para una empresa brasileña propietaria de un frigorífico en el departamento de Salto. Según parece, camiones de estas características –sin habilitaciones bromatológicas ni instalaciones refrigeradas- recorren regularmente los departamentos ribereños, recolectando el resultado de la pesca efectuada por habitantes de la zona, generalmente dedicados a la pesca artesanal pero sin la correspondiente habilitación. Estos pescadores depositan el pescado en contenedores refrigerados instalados cerca de la costa y reciben una remuneración que no es documentada mediante recibo.
Si bien la pesca de algunas de las especies incautadas está permitida, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) establece tamaños mínimos de captura. Para la boga es de 34 centímetros, el pejerrey 25, el patí 40, el bagre negro 30, el bagre amarillo 20, el armado 35, el Surubí 85, la tararira 33, el sábalo 37 y el dorado 65, aunque actualmente rige una veda que impide la captura de esta última especie.
En la mayoría de los casos, los pescados que viajaban en el camión no alcanzaban estas dimensiones.
Indagado al respecto, el chofer dijo que no llevaba documentación ni habilitaciones porque la empresa había sido objeto de numerosos hurtos.
Sin embargo, a pesar de lo irregular de la situación y de que el camión –según bromatología- no estaba en condiciones de efectuar ese tipo de trasiego, la Dinara dispuso la liberación de la carga y adujo que inspeccionaría el pescado en la planta de Salto. Los investigadores señalaron incongruencias en el proceder del organismo, ya que en casos de caza furtiva se dispone la donación de lo apto para el consumo y la destrucción del resto, pero en esta oportunidad se procedió de manera diferente. Personas vinculadas a la pesca aseguraron que el pescado capturado en forma irregular, de menor porte al permitido e incluso protegido por vedas, es transformado por estas empresas en las denominadas “harinas de pescado”.