Opinion | 16 Oct Un reciente informe sobre la situación de la vivienda en Paysandú publicado por EL TELEGRAFO confirma evaluaciones que han formulado a través de nuestras páginas operadores del ámbito inmobiliario respecto a la distorsión que se da en este mercado en Paysandú, en el cual hay pocos beneficiados y muchos perjudicados, sobre todo los sectores de menores recursos.
El escenario puede resumirse en las serias dificultades existentes para acceder al techo propio por amplios sectores de la población, y peor aún resulta el panorama para quienes deben salir a alquilar una vivienda, debido al desfasaje entre el monto que se solicita por el bien y lo que se está en condiciones de pagar por los potenciales arrendatarios.
Como bien lo señala uno de los operadores consultados, se mantiene desde hace tiempo un desfasaje que termina perjudicando a quienes tienen las mayores urgencias, es decir quienes necesitan contar con una vivienda lo antes posible, lo que explica que a juicio de los agentes inmobiliarios, por regla general las propiedades estén sobrevaloradas, sobre todo en la franja de menor y mediano valor, porque es el grupo más demandado a partir de la instrumentación de créditos específicos con este fin por el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda y banca privada, a lo que se agrega un componente nada desdeñable de especulación.
Esto no sucede por casualidad y en gran medida responde a políticas erradas que actúan en conjunto produciendo un efecto contrario a las intenciones del Gobierno. A modo de ejemplo, los préstamos para compra de vivienda usada significan una inyección de dinero seguro al mercado, y como es de esperar este responde aumentado los precios de la propiedad. Ya sucedió en tiempos pasados y vuelve a ocurrir ahora. Asimismo, al aumentar el costo de la vivienda es lógico que aumenten los alquileres, por cuanto el propietario espera cierta rentabilidad de su capital. Y en este aspecto el impuesto a los alquileres implementado por el ex ministro Danilo Astori no hace más que alimentar la caldera de presión, por cuanto como era de suponer este costo se traslada al inquilino, así como también los costos administrativos que a su vez se incrementaron por efecto de la burocracia desmedida de las nuevas normativas. También en este período se elevaron los costos de construcción, que repercute en el valor final de la vivienda nueva, la usada que lo toma como referencia y los alquileres. Y el aumento no es nada despreciable: en los 29 meses que van desde abril de 2007 a agosto de 2009 corresponde al 26% para una casa de una sola planta sin lujos, muy por encima de la inflación del período. En este aspecto valdría la pena analizar las razones, pero ciertamente influye la parte impositiva y mano de obra. En definitiva, las diferentes políticas del gobierno se retroalimentan unas a otras con resultados nefastos para la clase media y de menores recursos.
Es cierto, también hay un aspecto especulativo distorsionante, dado que con el dólar barato muchos buscan un refugio más o menos seguro para el capital, de forma de que no se desvalorice, por encima de alternativas coyunturales. Y la propiedad ha sido desde siempre una manera segura de mantener el capital.
Por todo esto tenemos dos puntas claramente definidas e intereses encontrados, por cuanto se está pidiendo más de lo que valen las propiedades, al amparo de que hay capitales “en la vuelta” dispuestos a invertir en el sector, incluyendo los préstamos bancarios estatales y privados, y paralelamente los arrendamientos que se piden superan significativamente los ingresos promedio de la población.
Uno de los operadores manifestaba a EL TELEGRAFO que los montos están fuera de los niveles que pueden considerarse “razonables” para quienes requieren vivienda para alquilar. “Piden seis mil, ocho mil o diez mil pesos por una casa de dos dormitorios, y ese es el sueldo de un trabajador, que es el que quiere alquilar”, por lo que “con esa base es difícil hacer negocios, no hay muchos que puedan pagar eso de alquiler, más los gastos de luz y agua”.
Una forma de regularizar el mercado, y por ende el acceso de los sectores más perjudicados a la vivienda, es el de lanzar más unidades habitacionales al mercado, en un plazo razonable, como para realmente impactar en la plaza y reducir la distorsión.
Lamentablemente, pese a que se manifieste por el gobierno que se ha puesto énfasis en el aspecto social, la falta de asistencia financiera para construir viviendas de interés social –además de un aumento de magnitud en el costo del metro cuadrado de construcción-- ha sido un déficit notorio de la Administración Vázquez, que no ha podido paliarse con las 45.000 “soluciones habitacionales” proclamadas, que no son tales, simplemente porque no existe más que en la imaginación de quien lo dice.
Es que por más vueltas que se le de, el problema de la vivienda solo se soluciona con más viviendas, y éstas todavía brillan por su ausencia, lamentablemente.