Opinion | 17 Oct En un nuevo episodio de la “guerra de las patentes”, los municipios de Colonia, Flores y San José presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley de Patentes, cuando en teoría se había llegado a un acuerdo entre todas las intendencias para poner fin a un verdadero “remate” de precios de patentes. En este caso el promotor de las impugnaciones es el abogado Daniel Martins, quien entiende que la ley impulsada por el gobierno el 26 de diciembre del año pasado, con acuerdo de todas las intendencias, vulnera la autonomía municipal y por ende es inconstitucional.
En apoyo a su tesis, subrayó que “el impuesto a los vehículos es un tributo exclusivo de los gobiernos departamentales y es un tema en el que el Parlamento no debió haber legislado”.
Este aspecto constitucional es una derivación, empero, de un tema que es puramente económico y político, que en el caso de las tres comunas impugnantes refleja un intento por mantener su “chacra” de recaudación extra por empadronamientos de vehículos que circulan en otros departamentos. Este se presenta como un tema de nunca acabar, pero debe tenerse presente que en este cruce de acusaciones el diferendo se debe a que existe una legislación que tiene grandes vacíos y que por lo tanto es perforada recurrentemente, de acuerdo al interés de quien quiere ver las cosas a su manera. El tributo patente de rodados se presenta como la columna vertebral de los ingresos municipales, y por lo tanto estamos ante un elemento vital para sostener financieramente a las comunas. El problema es que también hay municipios que gastan por encima de sus posibilidades, y salen por lo tanto a captar vehículos de otros departamentos bajando los precios, lo que por supuesto beneficia al propietario, pero a la vez desvirtúa la idea primaria de creación del tributo, que era que cada vehículo pagara en su departamento para financiar las obras viales de las calles por las que circula. Es así que se van sumando distorsiones, porque también hay municipios que en su afán recaudador han fijado patentes muy caras, que son disuasivas para los propietarios de vehículos, y ello explica que las diferencias resulten tentadoras para evadirse de los deparmentos con mayor voracidad fiscal.
Nos encontramos por lo tanto ante un esquema que se mantiene en términos similares desde hace por lo menos veinte años, que se pretendió solucionar por una ley de patentes que fue aprobada por unanimidad y que contó también con el respaldo de Flores, Colonia y San José, es decir las que ahora presentan el recurso.
Ello da la pauta de que estamos ante flagrantes contradicciones y actitudes ambivalentes, que ponen realmente en duda que algún día pueda llegarse a un acuerdo serio y compromisos que se respeten en cualquier circunstancia, como corresponde en un país con plena vigencia del derecho.