Paysandú, Lunes 26 de Octubre de 2009

Las provincias argentinas pudieron, ¿y nosotros?

Opinion | 20 Oct La oposición de las provincias argentinas al anuncio del gobierno de Buenos Aires de adelantar en una hora el huso horario, fue determinante para que el Poder Ejecutivo del vecino país decidiera dar marcha atrás en una decisión que en oportunidades anteriores ya hizo que la mayoría de las provincias resistieran la medida y la Argentina tuviera diferentes horarios dentro de sus fronteras.
Ello fue posible precisamente porque tiene un régimen federal de gobierno, que viene desde la época de las luchas por la Independencia, y por lo tanto las provincias tienen niveles de autonomía que permiten adoptar decisiones que en países con regímenes unitarios, como el Uruguay, son resorte del gobierno central.
Pero claro, la Administración de Cristina Kirchner quedó en posición incómoda cuando había ya decidido una medida inconsulta con las provincias, y argumentó que reveía la medida del adelanto de la hora en razón de que el país está bien abastecido de electricidad y que no es necesario el ahorro energético que se había previsto por la modificación del huso horario.
Por supuesto, no quedaba elegante para el gobierno de Buenos Aires reconocer que se había apresurado y que iba a contar, por la vía de los hechos consumados, con la aquiescencia de gobiernos y fuerzas vivas del interior. No es creíble que en unos pocos días se solucionara el problema energético que se usó como argumento para “justificar” una imposición horaria simplemente para conveniencia de algunos sectores de la vida porteña, en desmedro del resto del país.
Otro es el caso del Uruguay, por cuanto el sistema de gobierno unitario, con todo el poder concentrado en Montevideo y casi nula autonomía de los municipios, determina que puedan adoptarse decisiones, incluyendo la modificación horaria, para exclusivo beneficio de Montevideo y zonas costeras, haciendo realidad la del sol en plena noche para favorecer a los funcionarios del Estado en su jornada de esparcimiento en la playa y el presunto buen pasar de turistas a quienes precisamente lo que menos les importa es la hora. Al igual que Buenos Aires, se ha pretendido fundamentar este adelanto en la necesidad de ahorro energético, justo cuando ha mejorado la situación en las represas, pero además en base a un supuesto ahorro que en caso de ser realidad, es mínimo y no va al meollo del problema energético del país.
Es lisa y llanamente una imposición que también anteriores gobiernos habían aplicado frecuentemente, pero solo por dos o tres meses, en lugar de los seis que ha dispuesto la Administración Vázquez, por una norma que instituyó en forma permanente hasta que se derogue el cambio de hora en forma automática desde el primer domingo de octubre hasta marzo.
Claro, ello es posible no solo porque en Uruguay no hay un régimen federal de gobierno, sino porque tampoco el Interior, cuyos habitantes son los perjudicados en su jornada laboral y sus actividades, da la medida a través de sus legisladores y algunos intendentes, que están más preocupados por hacer buena letra ante el gobierno central que por hacerse eco de las inquietudes de sus respectivos departamentos.
Y este mal endémico ha sido particularmente agudo durante la Administración Vázquez, por cuanto los diputados e intendentes del Frente Amplio se han mostrado obsecuentes con los dictados del gobierno nacional, priorizando estrechar filas con su partido y alineándose con los intereses de Montevideo, en menoscabo de la defensa del Interior.
El caso del adelanto de la hora no fue la excepción, y forma parte de este esquema vertical dentro de los partidos, que se da con mayor énfasis en la actual fuerza de gobierno, precisamente, y que nos lleva a pensar que al no tener parlamentarios que asuman la real representación de los ciudadanos de tierra adentro, debería crearse un auténtico Ministerio del Interior, que haga honor a este nombre y que se encargue de la problemática específica de los departamentos ante las trabas del gobierno central, en tanto designar al actual como Ministerio de Asuntos Internos, encargado como siempre de la seguridad y migración, pero sobre todo para intentar cambiar la pisada y hacer algo de verdad ante la retórica recurrente de la descentralización, tan hueca de contenido como de realizaciones.


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