Opinion | 24 Oct El reciente ataque perpetrado por menores contra las instalaciones de la Cruzada de la Caridad, entidad de bien comunitario que trabaja con sectores sociales carenciados en la zona norte de la ciudad, pone al desnudo la gravedad de una problemática a la que durante mucho tiempo se ha pretendido ignorar y poner en el congelador a la espera de que den algún resultado políticas sociales que probadamente han puesto de relieve que no sirven ni por asomo para por lo menos intentar atenuar el flagelo que azota a diario a ciudadanos de toda edad y condición.
De acuerdo a lo manifestado a EL TELEGRAFO por la directora de la Cruzada de la Caridad, hermana Silvia Rodríguez, es la quinta vez en el año que la institución sufre robos o ataques de este tipo, e hizo hincapié en que los responsables de la institución se debaten en medio de la impotencia, sin que se pueda hasta ahora dar con los responsables.
Claro, el problema no solo pasa por dar con los responsables, sino qué es lo que se hace con ellos, cuando de trata de menores, una vez se los captura y se comprueba fehacientemente que son los autores de estos actos de vandalismo. Y la respuesta es muy clara y frustrante: nada, porque el menor está sobreprotegido por la ley, es “entregado” a sus padres, quienes por lo general cultivan los mismos valores, y así tenemos permanentemente en circulación a grupos de inimputables capaces de cometer los robos más audaces, ataques a la propiedad y lesionar y hasta asesinar a personas por cualquier banalidad. Peor aún, los delincuentes son entregados a sus supuestos responsables aunque éstos se confiesan incapaces de controlar la conducta del menor.
Este es el problema al que se ha querido soslayar y responder con paños tibios, cuando la población reclama en forma urgente y desesperada medidas de contención y reeducación que permitan al mismo tiempo demostrar a los precoces delincuentes que hay responsabilidades por las que deben responder y que no todo se resuelve con una palmadita en el hombro, dejarlo libre y un “trate de no volverlo a hacer”.
Se trata lisa y llanamente de asumir la entidad del problema, de no apostar irresponsablemente a que con el tiempo las cosas se van a arreglar solas, y hacer algo valedero por una comunidad que es constantemente azotada por la minoridad infractora.