Opinion | 26 Oct Con el propósito de permitir la reflexión de los electores, la ley 16.019 prohíbe la inclusión de información y de propaganda electoral en medios de comunicación, así como la realización de actos públicos por los candidatos durante los dos días previos a la jornada electoral. La normativa incluye la realización y difusión por dichos medios de encuestas o consultas, así como de cualquier tipo de manifestaciones o exhortaciones dirigidas a influir en la decisión del cuerpo electoral.
Pero la veda electoral es cada vez más elástica. Posiblemente, el mayor incentivo para violarla es la falta de sanción. Para empezar, la ley data de abril de 1989 y por lo tanto no contempla Internet. Los partidos políticos se comprometieron a no agregar durante la veda nuevos contenidos electorales a sus páginas web oficiales o a redes sociales utilizadas de forma recurrente durante la campaña. Sin embargo, el fenómeno de las páginas web y de redes sociales on line escapa al control de la Corte Electoral, reconoció el ministro Edgardo Martínez Zimarioff.
Pero Internet no es lo único que amenaza la veda. Estas elecciones, los propios integrantes de la Corte Electoral violaron la veda y generaron polémica. El vicepresidente de la Corte Electoral, Renán Rodríguez, dijo el viernes en una entrevista a radio “El Espectador” que con el voto epistolar “no se da la garantía del secreto en la emisión del voto” y “que el voto sea personal”.
El ministro Wilfredo Penco respondió afirmando que “la descalificación del procedimiento del voto epistolar fue total” y que ello supone “una intervención en la campaña electoral”, violando la veda y también la Constitución, que en el artículo 77 prohíbe a los miembros de la Corte Electoral participar en la campaña propagandística de carácter electoral.
Las reiteradas violaciones a la norma que pudieron comprobarse el viernes y sábado hacen pensar al ministro Edgardo Martínez Zimarioff que la veda electoral ya “no tiene sentido” y debe modificarse. Admitió que para la corporación es virtualmente imposible controlar su cumplimiento en todo el país.
Más allá de su incumplimiento, se trata de situaciones puntuales porque, por regla general, los medios de comunicación y los partidos políticos cumplen la normativa, tan necesaria para reflexionar y descansar la mente del bombardeo propagandístico.