Locales | 31 Oct Abogados, escribanos, empresarios, integrantes del Centro Comercial y estudiantes de Derecho participan en una jornada sobre los nuevos procesos laboral y de reclamo de los consumidores, a cargo del doctor Santiago Pereira, de la firma Rueda, Abadi & Pereira. La actividad, organizada por el Colegio de Abogados de Paysandú, continúa hoy, de 9 a 12, en La Casona de Bolívar y Carlos Albo.
En la víspera, Pereira expuso sobre el nuevo proceso para el reclamo de los consumidores (ley 18.507), que tiene algunos meses de vigencia. En tanto, hoy hablará sobre el nuevo proceso laboral (ley 18.572), recientemente aprobada y en vigencia, pero que se estaría prorrogando hasta el 31 de enero.
Pereira dijo a EL TELEGRAFO que estas dos leyes “generan importantes modificaciones en el sistema procesal”. Considera “una muy buena ley” la normativa que regula los procedimientos de consumidores, “porque más allá de algunas imperfecciones técnicas, en general es un gran avance. No había una ley especial. Es para reclamaciones de montos pequeños hasta 42.000 pesos. Este ha sido un gran avance porque va a permitir que los consumidores puedan acceder más fácilmente a un procedimiento breve y sencillo, incluso sin asistencia de abogados”.
En cuanto al nuevo proceso laboral, Pereira entiende que “es un cambio muchísimo más radical, que tiene un alcance mucho más amplio”. Opina que “regula situaciones la mayor parte de ellas inadecuadas, porque rompe la estructura de un código como el que teníamos, que es el Código General del Proceso, que es unitario y transforma el laboral en un proceso desgajado de esa sistemática, con una cantidad de soluciones que violan principios fundamentales”.
Citó como ejemplo lo que estima son las violaciones más graves: se reducen sustancialmente los plazos de que disponen las partes para realizar sus defensas, con los cuales pueden darse situaciones de indefensión. También se ha cuestionado y calificado de inconstitucional el hecho de que para apelar la sentencia de primera instancia habrá que depositar el 50% de la condena. Además, se crea un proceso en única instancia por montos de hasta 81.000 pesos --considerado elevado--, y que podría llevar a que pequeños locales comerciales y personas que tienen trabajadores domésticos, en plazos muy breves, puedan quedar fuera de la posibilidad de defensa.
“El nuevo proceso laboral contó con las críticas de la Suprema Corte de Justicia en algunos aspectos y del Instituto de Derecho Procesal, que no compartieron gran parte de las soluciones y que incluso generaron un proyecto sustituto, pero que luego el Parlamento no tomó y aprobó el proyecto original con algunos ajustes”, señaló Pereira.