¿INVERSIÓN O EMIGRACIÓN?

Locales | 01 Nov (Por Horacio R. Brum). Cuatro camiones madereros quemados en diez días; tiroteos entre indígenas radicales y la policía; ocupaciones de tierras por nativos que reclaman derechos ancestrales; acusaciones de contaminación de las aguas y de destrucción de la fauna; huelgas y bloqueos por parte de los trabajadores tercerizados: tales son las noticias que en estos tiempos están preocupando a la industria forestal y de la celulosa chilena, y en particular al grupo Arauco, uno de los más poderosos del país. Por eso, se podría hacer una lectura entre líneas de la decisión de esa empresa de invertir en Uruguay, a través de la adquisición de los intereses de la firma española Ence.
Chile tuvo dos grandes reformas agrarias; a fines de la década de 1960, el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei (padre del actual candidato a la presidencia por el oficialismo), logró poner fin por medios pacíficos a una estructura feudal de tenencia de la tierra, en la cual los trabajadores rurales eran verdaderos siervos, atados a los fundos, las grandes haciendas que se repartían unas pocas familias. El sucesor de Frei, Salvador Allende, intentó profundizar esa reforma bajo los criterios del socialismo, pero sólo logró provocar una cuasi guerra civil en el campo, que dio impulso y más argumentos a los sectores golpistas que lo derrocaron en 1973. De todos modos, la vieja estructura latifundista estaba herida de muerte y los socios civiles de la dictadura aprovecharon para extender a la campaña su sistema neoliberal. Puesta al servicio del modelo exportador, la tierra pasó a manos de grandes empresas frutícolas y forestales, que se convirtieron en latifundistas de una dimensión que jamás alcanzó el más poderoso de los patrones de fundos chilenos. En la época anterior a la reforma agraria, quien poseía más de 5000 hectáreas era un gran amo y señor; actualmente, las empresas como Arauco o CMPC, su más cercana competidora y presente en la industria papelera uruguaya, son dueñas de cientos de miles de hectáreas. De los más de dos millones de hectáreas de tierras forestales, el 78% pertenece a las grandes compañías.
Desde el quinto centenario del descubrimiento de América, ha venido cobrando fuerzas en el Sur de Chile un movimiento radical indigenista, que centra su lucha en la recuperación de los territorios perdidos en el proceso de la colonización española y criolla. A partir de 1883, el gobierno chileno utilizó la mano de obra desocupada de la guerra de conquista que había librado entre 1879 y ese año contra Perú y Bolivia, para resolver el “problema indígena” en el Sur. El pueblo mapuche, que había aprovechado la lejanía de sus territorios y la debilidad inicial del Estado para mantenerse relativamente independiente, fue derrotado y arrinconado en pequeñas extensiones de tierras. Colonos criollos y europeos recibieron el resto, y los indígenas perdieron más tierras mediante argucias o la explotación de su ignorancia del sistema legal.
En los últimos 20 años, las nuevas generaciones de mapuches y mestizos, con más oportunidades de educación y acceso a la realidad mundial, comenzaron a recuperar la conciencia de su identidad. El alzamiento indígena en el estado mexicano de Chiapas (1994) inspiró a los más radicales, que formaron grupos dispuestos a la acción violenta. En una primera etapa, las ocupaciones pacíficas de tierra sirvieron para presionar al gobierno para que las comprara y las distribuyera, pero ahora hay un sector de la comunidad mapuche más radical que parece decidido a expulsar de lo que ellos ven como sus territorios a todas las personas y empresas que simbolicen a la sociedad y el Estado “enemigos”.
En esa lucha, las empresas forestales, en su condición de latifundistas, son un blanco principal y los ataques van desde el talado clandestino de plantaciones hasta la quema de camiones y maquinaria. Pese a que esos grupos actúan como guerrilleros y han obligado a las autoridades a mantener una presencia policial permanente en ciertas zonas, el gobierno prefiere manejar la situación como un simple problema de orden público, a la vez que mantiene un diálogo con las agrupaciones y comunidades mapuches que reclaman tierras en forma pacífica. Por otra parte, Chile ratificó recientemente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar a las comunidades indígenas sobre cualquier proyecto de inversión en las tierras ancestrales, y en los antiguos territorios mapuches está hoy el centro de la industria forestal. El grupo Arauco es también uno de los principales productores de celulosa (2,8 millones de toneladas al año) y por ende, propietario de varias grandes plantas pasteras. En un país donde son numerosas las organizaciones de defensa del medio ambiente, esas fábricas están bajo escrutinio permanente; en 2004 una de las plantas estuvo envuelta en un escándalo por la muerte de miles de cisnes, en un río al cual la fábrica, de avanzada tecnología, vertía sus aguas. Actualmente, otra fábrica de la empresa está en problemas con un pueblo de pescadores de la costa del Pacífico, por cuyas playas debe pasar el caño para descargar al mar el agua procesada, debido a que las autoridades no concedieron el permiso para verterlas a un río.
En 2007, una huelga del personal tercerizado de Arauco provocó el primer muerto por la represión policial durante el gobierno de Michelle Bachelet. Un joven de 26 años, que ganaba como sueldo fijo poco más de cien dólares, fue acribillado por los Carabineros cuando quiso atropellar un vehículo policial con una máquina de las usadas en las plantaciones de la empresa. Al igual que en otros ámbitos de la actividad industrial, que en Chile hace más uso  de mano de obra tercerizada que permanente, los obreros forestales se están movilizando cada vez más para exigir que las empresas que usan su trabajo asuman responsabilidades en aspectos como los seguros de accidentes y la previsión. Si bien han recibido alguna atención del gobierno, que intenta cambiar la legislación laboral abusiva que creó la dictadura de Pinochet, las demandas de los trabajadores tercerizados son resistidas por las empresas, que para evitar los cambios recurren tanto a intensas presiones políticas, como a los fantasmas de “ahuyentar las inversiones”. A fines de setiembre, Arauco sufrió otra huelga de tercerizados, debido al cumplimento parcial de los compromisos alcanzados durante el conflicto de 2007.
En ese estado de cosas, no es de extrañar que los dos mayores grupos forestales y de celulosa, Arauco y CMPC, estén en expansión hacia el Atlántico. A los pocos días del anuncio de la alianza de Arauco con Stora Enso en Uruguay, CMPC asumió el control de Aracruz, en Brasil, con lo cual podrá llegar al cuarto puesto de la producción mundial de celulosa, en una tabla en la cual Arauco tiene la segunda ubicación. Son negocios muy grandes, como para dejar que los compliquen los conflictos ambientales, laborales o indígenas en el país de origen de estas grandes empresas, unos conflictos que parecen aumentar en intensidad al aproximarse las elecciones presidenciales de diciembre.