Opinion | 05 Nov En una campaña electoral donde las descalificaciones marcan la tónica de su bajo nivel, entre otros temas que han quedado ausentes o apenas mencionados, el aspecto tributario debería ocupar un lugar más preponderante en una campaña política donde hay pocas propuestas y sí muchos intercambios de reproches entre los candidatos, como es además tradicional en nuestro país.
No puede soslayarse que se trata de un punto fundamental en el desenvolvimiento socioeconómico del país y que a la vez es una problemática en la que no es fácil encontrar el justo equilibrio.
Existe más de una biblioteca sobre el particular, pero no puede obviarse que el mejor escenario sería contar con el mínimo de carga tributaria posible sobre empresas y ciudadanos, para estimular el desenvolvimiento socioeconómico. El punto es que este obejtivo es inalcanzable si a la vez no se abate el gasto estatal, que es precisamente el gran barril sin fondo al que van a parar los aportes de los uruguayos. Por lo tanto, en esta ecuación de ingresos y gastos, abatir este último factor es clave para generar las condiciones que permitan liberar de carga impositiva a los sectores que generan la riqueza y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.
Lamentablemente, lejos de cumplir esta premisa, la Administración Vázquez ha aumentado notoriamente el gasto público, sobre todo en el último año, de cara al desafío electoral, cuando tradicionalmente el gasto estatal desbordado ha sido utilizado como elemento de “enganche” por el uso generoso de dineros públicos.
Pero igualmente hay ciertas reglas básicas en cuanto a la tributación que deben observarse para no perder de vista principios que deben aplicarse en cualquier circunstancia, para atender la situación de quienes aportan y que son quienes sostienen el funcionamiento del Estado.
Los contribuyentes, que están siempre en las verdes, como regla general en nuestro país tienen solo un retorno muy parcial del dinero que dejan en ventanillas de los organismos del Estado.
Hay además una relación entre la presión tributaria y la evasión.
Quien evade está cargando sobre otro contribuyente el peso de su aporte, y a la vez está ejerciendo una competencia desleal con quien está haciendo frente, como puede, al pago de los tributos correspondientes, y quien además no tiene posibilidad de elegir el destino que se da a sus aportes.
El nivel real de evasión en nuestro sistema positivo es incierto, y no hace mucho se conocieron guarismos dispares al respecto, desde que mientras por un lado la Universidad Católica dio a conocer un informe por el cual se indica que se sitúa en el orden del 37 por ciento, la Dirección General Impositiva desestimó este guarismo y señaló que no supera el 22, es decir algo por debajo de los niveles históricos.
Si bien la DGI ha considerado exagerados los números de la citada universidad, no es menos cierto que este organismo no es un ejemplo en cuanto a controles, si se tiene presente que invariablemente inspecciona las empresas registradas, pero actúa muy ocasionalmente en lo que refiere a los establecimientos y vendedores informales, de la misma forma que ocurre con el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Sea cual sea el porcentaje, al fin de cuentas, es evidente la necesidad de ajustar mecanismos para reducir la evasión al mínimo posible, pero al mismo tiempo una contribución fundamental para este escenario deberá ser la reducción del peso de la imposición tributaria sobre el universo de los contribuyentes, apuntando a que pueda llegarse a un grado de carga impositiva en el que ya no valga la pena el riesgo de estar en el sector informal o estar orillando la ilegalidad.
No es un secreto que pagar impuestos no le gusta a nadie, y que ello tiene mucho que ver con el plano cultural y la concientización, pero en el plano tributario no debe haber hijos y entenados, por lo que universalizar el pago de tributos es una forma de reducir el peso de los gravámenes sobre el universo de quienes aportan.
El objetivo debe ser que el contribuyente no se sienta esquilmado cuando ve que se le aplica sin miramientos lo que establece la ley, en tanto a su lado quienes están trabajando al margen de la legalidad siguen compitiendo deslealmente.
Es decir que en lugar de aplicar cada vez más impuestos sobre los mismos de siempre, la alternativa positiva para el país es atacar el gasto público, de forma de requerir menos esfuerzo de los sectores reales de la economía y así darles espacio para que puedan desenvolverse con menos condicionamientos, desarrollarse y reciclar más recursos en el tejido socioeconómico, para beneficio de todos.