Opinion | 07 Nov La segunda vuelta o balotaje, a dilucidarse el 29 de este mes, cuando la ciudadanía deberá optar entre los dos candidatos a la Presidencia más votados, sigue perfilándose con similares características a las de la campaña electoral para el 25 de octubre, cuando lejos de confrontarse programas se apeló más a la descalificación, a los ataques personales y a las vaguedades, con enunciados generales en procura de captar el voto ciudadano por instinto en lugar del razonamiento.
Y seguramente uno de los factores decididamente negativos que conspiraron contra la toma de decisiones sobre bases firmes de los electores fue la ausencia de debate entre los principales aspirantes a la Presidencia de la República desde que notoriamente, al no estar institucionalizado el debate entre los aspirantes, como es el caso de Estados Unidos y Francia, por ejemplo, amerita que el candidato que se considere en desventaja opte por darle largas al asunto o decididamente descartar esta confrontación directa ante el electorado, para no correr riesgos.
Este ha sido el caso notorio de esta última elección, cuando el candidato frenteamplista José Mujica consideró como un riesgo innecesario presentarse a una polémica con Luis Alberto Lacalle, y señaló a la vez que a su juicio una confrontación de este tipo debería hacerse entre fórmulas, es decir también con la participación de Danilo Astori y Jorge Larrañaga como aspirantes a la Vicepresidencia.
No hace falta ser muy perceptivo para asumir que posiblemente, si la situación se hubiera dado al revés, quien estaba en ventaja hubiera considerado también que no tenía sentido arriesgarse a quedar “pegado” ante la audiencia de todo el país, por lo que al no existir exigencias o compromisos, ni tampoco un reclamo airado del ciudadano por una confrontación entre candidatos, solo podría esperarse un debate cuando los aspirantes tengan expectativas parejas de llegar a la Presidencia y tengan real confianza en su desempeño ante cámaras para perfilarse mejor plantado ante el electorado.
Pero entre tanta especulación no se atiende que el gran postergado por los intereses en juego es la población, a la que no se tiene en cuenta nada más que para pedirle el voto a ojos cerrados, cuando evidentemente el elector estaría en condiciones de juzgar mucho mejor ante un debate directo, sin posible elusión de los temas ante los planteos del adversario, y conocer qué piensan realmente los aspirantes al sillón presidencial respecto a los puntos que le llegan de cerca.
Es decir que no estamos ante “paparruchadas”, como manifestó despectivamente y con muy poco criterio Mujica al referirse al debate entre las fórmulas frenteamplista y blanca, poniendo de relieve una vez más que no le seduce para nada la posibilidad de debatir ante cámaras, pese a que en su momento había puesto como condición que comparecieran los cuatro integrantes de la fórmula.
Pero aquí el gran postergado es el interés público, el del siempre mentado pueblo que “quiere saber de qué se trata” y al que no corresponde escabullirle el bulto por intereses político-electorales para seguir arengándolo con eslóganes fáciles y descalificaciones.
Se nos ocurre que se intenta escamotear elementos de juicio al poder de discernimiento del ciudadano común en cuanto a evaluar capacidades, conductas y propuestas, de evaluar dónde está la verdad, para mantenerlo sujeto a facilismos y respuestas de ocasión. Es que en un debate donde las evasivas se pagan caro, por lo menos ante auditorios atentos y exigentes, es realmente donde se estaría en condiciones de comparar propuestas, de separar el líquido de la espuma y la charla barata de la sustancia.
Es cierto, de acuerdo al desarrollo, y la capacidad de “escape” de quien esté en aprietos, también puede resultar frustrante para muchos que objetivamente han aguardado esta instancia para volcar su voto por una u otra opción.
Pero aún así, el peor escenario para el ciudadano es que se le niegue la oportunidad de asistir a una instancia de esta significación, en un momento crucial. Y si así fuera, el soberano debería castigar en las urnas a quien lo menosprecie de esta forma, rehuyendo el debate esclarecedor y a mostrarse tal cual es ante la ciudadanía, para evitar sorpresas desagradables en el gobierno de los próximos cinco años.