Opinion | 08 Nov Aún ante la incógnita del resultado del balotaje del 29 de de noviembre, el actual gobierno dejará atado un “paquete” en lo que refiere a concesiones a privados y privatizaciones parciales que resultaba impensables en un gobierno del Frente Amplio, teniendo en cuenta la prédica que había formulado en su momento desde la oposición y su liderazgo o acompañamiento de plebiscitos para mantener un estatismo a ultranza en nuestro país.
Pero claro, una cosa es la teoría y ver las cosas desde el llano y otra meterse en el gobierno, donde se sufren las consecuencias de la burocracia y la mala gestión estatal, cuando a la vez se necesita liberar recursos para llevar adelante determinadas políticas sin a la vez comprometer demasiado las finanzas públicas.
Es así que la administración del presidente Tabaré Vázquez pretende dejar varias concesiones a privados aseguradas, lo que supone inversiones por centenares de millones de dólares, según evaluación del semanario Búsqueda. En este contexto, el gobierno lleva adelante el proceso tendiente a adjudicar negocios estatales de gran proyección, como la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo, salas de juegos de azar en todo el país y terminales aéreas en varios departamentos.
Las dos fórmulas presidenciales que definirán la elección en veinte días, a la vez, han señalado que no tienen pensado revisar estos procedimientos, en caso de acceder al Poder Ejecutivo, y en el caso de la fórmula blanca, “siempre y cuando los procedimientos se hayan realizado en base a lo establecido en el Tocaf, es decir la normativa que regula los actos administrativos en el área del Estado.
Este escenario de acuerdos políticos en las grandes líneas, que hasta hace un quinquenio parecía poco menos que un imposible, pone de relieve que el ejercicio del poder conlleva aprendizajes que hacen inaplicables, por simple cuestión de sentido común, el aplicar en el gobierno los eslóganes que sonaban tan lindos y tenían tanto “enganche” en época preelectoral. Es que una cosa es oponerse a todo y a todos desde la oposición, formulando “propuestas” voluntaristas que apuntaban al aplauso de la tribuna pero que resultaban impracticables cuando se conduce a un país, y otra muy distinta encontrarse con que lo que sonaba tan fácil y solo como cuestión de voluntad desde afuera, traería mucho más problemas que los que se pretendía solucionar.
El Estado omnipresente, paternalista y regulador tan caro a los partidos de izquierda, ha demostrado ser un barril sin fondo que no solo se lleva sin retorno la gran mayoría de los recursos que saca de los bolsillos de todos los uruguayos, sino que además no es criterioso para su redistribución, y cuando mucho, lleva adelante políticas asistencialistas que no ofrecen soluciones reales a los beneficiarios, desde que tan pronto se terminan los fondos el destinatario de estos recursos vuelve a la misma situación de antes.
La concesión de obra pública, e incluso la privatización y/o asociación, son instrumentos que permiten liberar al Estado de una pesada carga en cuanto a la demanda de recursos, desde que transfiere al área privada, bajo determinadas condiciones preestablecidas, la responsabilidad de invertir, mantener y explotar áreas en las que el Estado es un mal administrador y por ende causa mucho más perjuicios que los beneficios que se pretende obtener de su gestión.
Lo mismo ocurre con las empresas públicas, que por supuesto no son “de todos los uruguayos”, sino que en los hechos están privatizadas, porque pertenecen a las gremiales de funcionarios públicos que traban cualquier innovación que entienden les signifique alguna amenaza para su estabilidad laboral y/o beneficios, como señaló en su momento acertadamente el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa.
El monopolio y la gestión deficiente no resultan gratis, sino que su costo es transferido a toda la sociedad, y a la vez determinan que resulte más caro producir, lo que afecta la competitividad de las empresas que trabajan para el exterior, en tanto también perjudica los emprendimientos con destino del mercado interno y con ello conspira contra la calidad de vida de todos los uruguayos.
Es por lo menos esperanzador que los dos candidatos que pueden llegar al gobierno aseguren que van a respetar este proceso, para bien del país, más allá de la oposición cerril de organizaciones gremiales que solo defienden sus intereses, como han hecho siempre, aunque hayan logrado de alguna forma engañar a muchos proclamando que lo han hecho en defensa del interés general.