Opinion | 10 Nov No es un secreto para nadie, ni siquiera para quienes hasta no hace mucho tiempo calificaban de “piratas” a los inversores extranjeros que venían “a llevarse la riqueza”, que la única posibilidad real de desarrollo y de creación de puestos genuinos para nuestro país es captar inversiones en empresas de riesgo, con el Estado como catalizador de los proyectos y no metido a empresario.
Con este fin, en sucesivos gobiernos, con suerte diversa y casi siempre con expectativas que no han sido colmadas, se han sancionado normas que han pretendido reducir las diferencias flagrantes entre capital e Interior en cuanto a recibir estos capitales, para encontrarnos invariablemente con que Montevideo y el anillo metropolitano han sido los lugares en los que se ha instalado el mayor número de empresas y generado asimismo la mayor cantidad y calidad de mano de obra.
Claro, el punto ha pasado hasta ahora por un diagnóstico equivocado respecto a los motivos por los cuales la inversión rara vez se dirige al Norte del río Negro, como así tampoco se vuelca a los departamentos centrales y del noreste. Es decir que ha sido subestimada la real incidencia en las asimetrías a que nos referíamos del centralismo y el beneficio para el inversor de la cercanía con Montevideo, que obran como un elemento clave a la hora de decidir el lugar de emplazamiento de su empresa.
Hasta ahora, los incentivos fiscales y de otro orden que se han ensayado han sido absolutamente insuficientes para por lo menos paliar este factor omnipresente en todas las áreas, salvo en aquellos casos en que los capitales no tienen más alternativa que instalarse en el enclave de la materia prima, como es el caso de los aserraderos y otros emprendimientos del área forestal, además de agroindustrias en las que el factor transporte, por el elevado volumen y bajo valor relativo, les marcan costos prohibitivos para instalarse en otro lugar donde cuentan con mejores servicios e infraestructura de apoyo.
Ante este este escenario se infiere que no alcanza con las buenas intenciones y los enunciados, sino que es preciso evaluar con elementos de juicio estadísticos y datos fehacientes donde radican los impedimentos para que el Interior profundo reciba las inversiones que toman rumbo del sur.
Una evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto indica que en 2008 se radicaron 380 proyectos en Montevideo y 219 en el Interior, en tanto otros 39 proyectos no tuvieron una única localización y se distribuyeron entre varias zonas.
Esta cifra por sí sola indica que la capital captó prácticamente el doble de proyectos que el Interior en este período, en una constante histórica que no ha tenido mayores altibajos, y que pone de relieve que las presuntas políticas de descentralización han resultado inocuas para revertir este proceso.
Pero el problema es mucho más agudo si se tiene en cuenta que en el anillo metropolitano, es decir incluyendo a Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Maldonado, se llega prácticamente a los 500 proyectos, es decir que se triplican las inversiones captadas en el Interior más alejado de la capital, lo que pone de relieve en toda su crudeza el grado a que se ha llegado en las asimetrías a que hacíamos referencia.
Esta primera aproximación al tema ya alcanza para poner de relieve que se requieren políticas que atiendan realmente las causas de estas desigualdades, por lo que el gobierno prevé incorporar ajustes al decreto de promoción de inversiones para otorgar mayores beneficios a quienes se instalan en determinados departamentos con el objetivo de desarrollar las zonas que tienen menor actividad.
Rompe los ojos que los sucesivos gobiernos han dado más en la herradura que en el clavo en esta materia y que por el lado de los incentivos fiscales los beneficios otorgados han sido realmente insuficientes, porque hay costos inherentes a la lejanía de Montevideo que requieren acciones mucho más categóricas que las que se han ensayado hasta ahora, pero solo con cuentagotas.
Y en realidad, además de incentivos fiscales más amplios, el Interior profundo, y sobre todo el norte del río Negro, necesita recibir servicios y obras de infraestructura que resulten complementarias de las exenciones de este tipo, para no encontrarnos dentro de una década con que las inversiones que tanto trabajo le cuestan captar al Uruguay siguen quedándose al sur del Santa Lucía o en su entorno, haciendo que poco y nada cambie para los uruguayos “de segunda”.