Opinion | 15 Nov Todo indica –es de esperar que se confirme el próximo año-- que estamos saliendo de un período de incertidumbre como consecuencia de un deterioro de la actividad económica que respondió principalmente a la crisis económica internacional.
Este escenario ha sido signado por un período de prudencia en las inversiones, teniendo en cuenta que el sentido común aconseja abstenerse de adoptar decisiones de riesgo cuando el horizonte no aparece claro, aunque debe tenerse presente que a la hora de decidir la inversión, no se plantea la misma encrucijada para una empresa que tenga suficiente capital de giro y patrimonio como para encarar sus propias inversiones de riesgo sin tener que apelar a endeudarse, que para el emprendimiento de pequeñas dimensiones, el que para ampliar su ramo de actividad, modernizar su tecnología o ampliar su empresa, requiere apoyo financiero que debe dar lugar a una tasa de retorno imprescindible para no generar condiciones insostenibles en el corto y mediano plazo, con la consecuente posibilidad de extinción del negocio por su inviabilidad.
Ello explica que en determinadas áreas de actividad, por el propio tamaño de la empresa, se trabaje con visiones a corto plazo, casi al día, en tanto en las grandes firmas se pueden generar inversiones enfocadas en perspectivas de mediano y largo plazo, como son por ejemplo las forestales, que han retraído la actividad corriente debido a los problemas de mercado, pero que no por ello dejan de llevar adelante sus grandes emprendimientos, desde que están apuntando a un escenario de futuro.
Estos elementos de juicio dan cuenta de la vulnerabilidad de las pequeñas economías, desde que sobre todo en coyunturas difíciles se extreman los cuidados en el otorgamiento de créditos y es impensable que una empresa con escaso patrimonio --pese a que su proyecto en teoría pueda aparecer viable-- resulte sujeto de crédito para el circuito financiero común, salvo que pueda enmarcarse en los proyectos que financian entidades de fomento y desarrollo.
En este contexto debe evaluarse la puesta en marcha, hace tres meses, del Sistema de Garantías (Siga) a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, cuyo objetivo es precisamente facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Se trata de fondos estatales destinados a garantizar un determinado porcentaje del capital de los créditos que las entidades bancarias tanto públicas como privadas otorguen a empresarios que no cuenten con garantías o les resulten insuficientes, lo que la vez --según lo anunciado por los promotores-- se enmarca en medidas anticíclicas, como se hace en otros países, de forma que las pequeñas economías empresariales puedan recomponerse o contar con medios para superar las dificultades propias de los ciclos recesivos.
En este período el sistema ha canalizado créditos por unos dos millones de dólares, comprendiendo a más de un centenar de beneficiarios, y están en proceso créditos para casi medio centenar de pequeños emprendimientos, lo que involucra no solo superar la suma mencionada, sino que a la vez tiene un efecto multiplicador beneficioso para la economía.
El mayor porcentaje de demanda radicó en el comercio, pero también se canalizaron fondos hacia áreas como los servicios, transporte, industria, agro y construcción, distribuidos en un 40 por ciento para las pequeñas empresas, el 35 por ciento para las micro y el 25 para las medianas.
Y si bien todavía es prematuro evaluar el resultado de esta iniciativa en particular, sí corresponde señalar que esta posibilidad debería estan también disponible en cualquier escenario y no solo cuando aprietan las crisis, desde que es una forma de contribuir a dar aire a empresas severamente condicionadas en sus posibilidades de expansión y recomposición, --precisamente las que son las mayores proveedores de empleo-- que necesitan apoyo por encima de las coyunturas para contribuir a vitalizar el tejido socioeconómico del país.