Opinion | 16 Nov Desde el 7 de noviembre rige un decreto que obliga a los organismos públicos a la divulgación de los cargos y remuneraciones de sus funcionarios en los sitios web. También debe estar disponible el presupuesto del organismo, las compras y licitaciones realizadas. Sin embargo, la gran mayoría no cumple con la obligación de divulgar los sueldos.
En el decreto, emitido el 19 de octubre, el presidente Tabaré Vázquez exhortó a los titulares de los organismos a cumplir con “las obligaciones de transparencia activa” establecidas en el artículo 5º de la ley de Acceso a la Información Pública. Ordenó que efectúen una “autoevaluación de sus páginas web” de acuerdo con formularios y parámetros previamente establecidos.
Sin embargo, de acuerdo a un relevamiento realizado por el diario “El País”, el único ministerio que cuenta con información actualizada en su sitio web sobre los salarios de sus autoridades y funcionarios es el de Desarrollo Social. A esa información se puede acceder siguiendo el link que dice “Transparencia”, ubicado en un lugar bien visible sobre la parte superior izquierda de la pantalla. En el caso del MIDES, según los salarios divulgados en la web, la ministra Marina Arismendi gana 75.424 pesos nominales, la subsecretaria percibe 61.875 y los directores ganan 47.862 pesos mensuales. En el resto de los ministerios no es fácil encontrar esta información o directamente no está disponible.
En los entes estatales, los bancos de Previsión Social, Central e Hipotecario tienen a disposición la información detallada sobre las remuneraciones. Pero UTE, OSE y Antel no tienen disponible esta información. En otros casos, como Ancap, el link que debería guiar a la página de cargos no funciona.
La información sobre el funcionamiento estatal es fundamental para la transparencia de cualquier gobierno. Sin embargo, no está disponible para la ciudadanía, que sustenta económicamente al Estado a través del pago de impuestos. Sin esta información actualizada no es posible la transparencia. Es un deber del Estado, es un derecho del ciudadano.