Dura crítica en La Haya

Locales | 16 Nov La gestión de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay fue criticada por el gobierno uruguayo en la Corte Internacional de La Haya. “La permanente negativa de Argentina a participar del monitoreo conjunto es inexplicable, por no decir inconsistente con sus obligaciones en la CARU”, afirmó el embajador uruguayo Carlos Gianelli al realizar el cierre de actuaciones ante la Corte Internacional.
Como se informó oportunamente, entre el 14 de setiembre y el 2 de octubre de 2009 se desarrollaron las audiencias correspondientes a la controversia promovida por Argentina ante la Corte Internacional de Justicia, por la supuesta violación del Estatuto del río Uruguay cometida por Uruguay al autorizar la construcción de las plantas de M’Bopicuá (ENCE) y de Botnia en las proximidades de Fray Bentos.
“Uruguay no compareció ante la Corte Internacional de Justicia para la mera defensa de una o más empresas, sino en defensa de su derecho como Estado soberano, a decidir sobre su desarrollo, en el marco del respeto al medio ambiente y al Derecho Internacional”, informó el gobierno uruguayo en un documento entregado a la Comisión de Seguimiento de Botnia.
FALLO EN 2010
En tanto, el experimentado abogado Paul Reichler, representante de Uruguay, estuvo recientemente en Fray Bentos y estimó que el fallo de La Haya podría conocerse en febrero, aunque estima que la sentencia será comunicada entre abril y mediados de mayo del próximo año. En La Haya Argentina solicitó que la Corte Internacional falle declarando que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay y lo sentencie a “cumplir totalmente con las obligaciones de acuerdo al Estatuto del río Uruguay, cese inmediatamente sus acciones internacionales ilegales, restablezca en el territorio y en términos legales las condiciones existentes antes del comienzo de sus acciones ilegales” y que pague “una compensación por los daños causados a Argentina que no sean remediados cuando la situación original se restablezca”. En contrapartida, Uruguay argumentó que “Argentina fue oportunamente informada sobre ambos proyectos”, que “hubo acuerdo entre los entonces cancilleres Operti y Bielsa en 2004”, que “Uruguay brindó amplia y completa información a Argentina en el ámbito del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) instituido para el caso” y que “el Estatuto del Río Uruguay no establece el derecho de veto a las partes”.
El documento agrega que “Uruguay presentó todos los estudios de ingeniería y de evaluación del impacto ambiental realizados antes de la operación de la planta de Botnia”.
“Las predicciones de estos estudios fueron verificadas luego, con la aplicación del Plan de Seguimiento diseñado, en la etapa de operación de la planta de Botnia Uruguay no sólo monitorea el desempeño de la planta sino que continúa -en la jurisdicción nacional- el plan de control de la calidad del río que debería estar cumpliendo la CARU”.
MONITOREO UNILATERAL DESDE 2006
El monitoreo conjunto de la calidad ambiental del río Uruguay, que comenzó a realizarse en 1989, fue suspendido en 2006.
En enero de ese año el presidente de la delegación argentina en CARU, Hernán Orduna, no prestó su conformidad para que se ejecutara la campaña que estaba prevista en aquel momento para los días 12 a 18 de febrero de 2006, argumentando la existencia de una controversia iniciada por la República Argentina ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Oriental del Uruguay sobre la aplicación e interpretación del Estatuto del Río Uruguay, según informó oportunamente la cancillería uruguaya.
A pesar de tal negativa, desde ese entonces “Uruguay, en numerosas y muy diversas instancias ya sea a través de CARU, de notas diplomáticas o en encuentros de autoridades, ha invitado a la República Argentina a retomar las acciones de monitoreo conjunto en el Río Uruguay según los programas oportunamente aprobados en el seno del CARU”.
“En respuesta a ello, la República Argentina, además de reiterar la argumentación de la existencia de la controversia, manifestó que consideraba disuelto el Programa Procel, a la vez que propuso sustituir el Programa Procon de CARU por un nuevo programa que comprende aspectos que exceden el alcance del Estatuto del Río Uruguay”, informó en agosto pasado el gobierno uruguayo.
De esa manera, por la vía de los hechos, se impidió que se pudiera continuar con el normal desarrollo del monitoreo conjunto del Río Uruguay que CARU desarrollaba a través de sus programas de Control de la Contaminación del Río Uruguay (Procon) y del Programa de Monitoreo de Efectos Ambientales en Areas de Plantas Celulósicas (Procel). Desde el 2006, los monitoreos del río los realiza Uruguay unilateralmente, por la negativa de Argentina.